El Ejecutivo central ha reactivado el desarrollo de la infraestructura portuaria del sur de Tenerife. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, autorizó la licitación de las obras destinadas al cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla. El expediente contempla una consignación presupuestaria de 53,9 millones de euros, excluyendo el IGIC, asignados a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
El movimiento del Ministerio responde a la necesidad de desbloquear un proyecto estratégico paralizado en los mercados públicos. La licitación actual implica una revisión al alza sobre el valor estimado inicial del contrato. El procedimiento previo quedó declarado desierto el pasado 27 de abril de 2026 debido a la ausencia total de licitadores, una circunstancia que obligó a las autoridades a reajustar las condiciones económicas para absorber el incremento de costes en la construcción naval e infraestructuras marítimas.
El recinto de Granadilla representa el último puerto de nueva planta construido en el sistema español de puertos de interés general. Concibió su operativa para actuar de forma complementaria a la dársena de Santa Cruz de Tenerife, reforzando la capacidad logística global de la isla. La infraestructura dispone de calados adaptados a buques de gran porte y se conecta de forma directa a un área industrial anexa de alta superficie, consolidando un nodo de transporte clave para las rutas comerciales del Atlántico.
El proyecto autorizado contempla la ejecución de los 543,3 metros de longitud requeridos para completar la alineación total de 1.045 metros que conformará el muelle de Ribera. El tramo pendiente de edificación se sitúa entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada del tramo final en el sector sur. La solución técnica diseñada requiere el fondeo de 11 cajones de hormigón armado, con unas dimensiones de 48,25 metros de eslora cada uno, cimentados a una cota de -18 metros, acompañados por cierres de hormigón sumergido de 5,78 metros de longitud.
Las actuaciones figuran en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, bajo la rúbrica específica dedicada al puerto sureño. La obra cuenta con cofinanciación de la Unión Europea mediante recursos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondientes al marco 2021-2027.
La planificación de Puertos del Estado asigna más de 250 millones de euros a las dársenas tinerfeñas durante el quinquenio 2025-2029. De esta partida, 175 millones de euros corresponden a obras de ampliación de capacidad y adaptación a la demanda comercial. La estrategia destina 47,5 millones de euros a proyectos de descarbonización y sostenibilidad medioambiental, reservando algo más de 20 millones de euros a intervenciones de integración puerto-ciudad.
