La denucia la presentó los servicios jurídicos de Capitanía Marítima de Las Palmas. El funcionario FJGC convirtió la intranet de la Capitanía Marítima de Las Palmas en una expendedora de papeles oficiales para su cómplice, el ya sentenciado FPB, mediante una mañana de frenesí informático y falsedad documental. En breve hay juicio y le piden a JJGC cuatro años de prisión por convertir la seguridad del mar en un mercadillo de papeles de altura expedidos entre las sombras de Capitanía.
Un caso que huele a corrupción de despacho y alcantarilla administrativa. La Fiscalía no ha andado con rodeos al calificar como un delito de falsedad en documento oficial la maniobra ejecutada en las entrañas de la Capitanía Marítima de Las Palmas. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Canarymaritime, FJGC, aprovechando su acceso privilegiado a la plataforma ‘Titulaciones Profesionales’, se confabuló con FPB para fabricar un currículum náutico fantasma. En una sola jornada frenética, la del 20 de diciembre de 2019, el funcionario grabó solicitudes y expidió títulos de Patrón Mayor de Cabotaje y Patrón de Altura para alguien que, sencillamente, carecía de cualquier requisito legal para gobernar un buque de ese porte.
El relato del Fiscal describe una operación quirúrgica contra la fe pública: mientras FPB facilitaba sus datos personales, el funcionario «limpiaba» el sistema informático desde dentro para emitir tarjetas profesionales que, en el mercado legal, exigen años de formación y días de mar. No hubo error administrativo, sino una voluntad deliberada de engañar al sistema. La gravedad del delito radica en el riesgo potencial de poner el mando de embarcaciones de altura en manos de quien solo acredita su pericia mediante un fraude informático. Para el Fiscal, FJGC actuó como autor directo del engaño, mientras que FPB es señalado como cooperador necesario, una pieza sin la cual el delito no habría tenido sentido ni destino.
La factura penal que solicita el Ministerio Público es demoledora y busca castigar la quiebra de la confianza en las instituciones. Solicita para cada uno de los acusados una pena de 4 años de prisión y una multa que supera los 8.000 euros. Pero el golpe de gracia para el funcionario es la petición de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante otros cuatro años, lo que supondría su muerte civil dentro de la Administración. Con antecedentes penales ya a la espalda de FPB por delitos viales, el juicio se presenta como un examen a la seguridad de los registros públicos y un aviso a navegantes para quienes creen que las bases de datos del Estado son un mercado de títulos al mejor postor.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por José L. Jiménez. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
