La vertiginosa carrera de medianeros y fondos de inversión por desplegar megaparques eólicos marinos en las costas canarias ha encontrado un freno directo en el Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara ha decidido mantener abierto el expediente relativo a la Petición 0620/2026, promovida por la Asociación de Armadores y Pescadores Miracanarias, que cuestiona la viabilidad, el rigor científico y la sostenibilidad ambiental del desarrollo de las energías renovables offshore en el archipiélago. Vox ha pedido a Bruselas datos de forma inmediata tras la exposición de los pescadores canarios.
Airam Mederos, presidente de Miracanarias y de la Asociación Nacional de Artes Menores (ANARME), compareció en Bruselas flanqueado por Domingo Martín Afonso, secretario de relaciones institucionales del colectivo. En su exposición, respaldada por las cooperativas Pescatobal, Pescarestinga y la Plataforma por el Mar Canario, la representación del sector primario alertó sobre la amenaza latente de privación de caladeros tradicionales y la falta de garantías científicas consolidadas sobre el impacto real que estas infraestructuras causan en los ecosistemas bentónicos y en la biodiversidad marina.
Incertidumbres científicas y riesgo para el medio bentónico
La intervención de Mederos se apoyó en documentación técnica relativa a la interacción entre las emisiones energéticas de las instalaciones eólicas marinas y las comunidades del fondo del mar. El sector argumenta que la información científica que manejan las administraciones presenta lagunas críticas en aspectos clave: la proyección de campos electromagnéticos derivados del cableado submarino, las vibraciones continuadas, la alteración del sedimento, los procesos de biocolonización irregular y las modificaciones en las cadenas tróficas.
Frente al discurso oficial que promueve la ocupación acelerada del espacio marítimo, el colectivo pesquero exigió la realización de estudios exhaustivos que midan los efectos acumulativos y sinérgicos a largo plazo de estas turbinas. La posición de los armadores defiende que las dudas existentes no pueden resolverse a costa del medio marino ni trasladando el riesgo operativo a la flota de artes menores, bajo la falsa premisa de que la ausencia de datos equivale a una ausencia de daño ambiental.
Exigencia de transparencia en la planificación del Estado
El debate en Bruselas puso de relieve las dudas sobre el procedimiento de autorización y la ordenación del espacio marítimo aplicados por el Gobierno de España. Aunque la representación de la Comisión Europea recordó el marco normativo comunitario que exige la Evaluación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de las Directivas de Hábitats y Aves, delegó en las autoridades nacionales la responsabilidad concreta de las tramitaciones.
Miracanarias fundamenta su reclamación en la necesidad de determinar qué documentación científica estaba disponible en el momento de tomar decisiones regulatorias en España, de qué manera se utilizó y en qué medida se garantizó una participación real del sector pesquero. El colectivo rechaza que decisiones capaces de condicionar durante décadas la soberanía alimentaria y la actividad económica insular se adopten sin una trazabilidad técnica totalmente verificable.
Respaldo europarlamentario y dimensión internacional del conflicto
La causa sumó apoyos políticos heterogéneos durante la sesión de la comisión. Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo Patriotas por Europa, exigió que el Ministerio de Transición Ecológica aportase de inmediato la totalidad de los informes administrativos tramitados en el expediente español. Por su parte, la eurodiputada Ana Miranda (BNG/Grupo Verdes/ALE), integrante de la Comisión de Pesca, reclamó máxima transparencia e hizo hincapié en la necesidad de proteger la pesca artesanal frente al avance desmedido de los proyectos industriales en el mar.
El impacto de la reclamación iniciada desde las islas trasciende las fronteras españolas. Documentación del Gobierno de los Países Bajos remitida a su Parlamento el pasado 24 de septiembre —vinculada al expediente 21501-32-1841— certifica que el Ejecutivo neerlandés monitorea el curso de la Petición 0620/2026. La administración de dicho país ha confirmado que evaluará si las decisiones que adopte la Comisión Europea sobre el caso canario obligan a revisar la planificación de sus propios parques eólicos en el mar del Norte. La Eurocámara esperará ahora una respuesta formal por escrito del Ejecutivo comunitario antes de determinar los siguientes pasos.
