Y no querian gas de Totisa porque contaminaba. Mariano Hernández Zapata (PP), consejero de Transición Ecológica, ha iniciado una ofensiva desesperada en los muelles de Las Palmas. Bajo un manto de discreción, Zapata y su director de Energía, Alberto Hernández, han mantenido una ronda de contactos con Asocelpa, Fedeport y Oneport para intentar vender lo invendible: la instalación de una central eléctrica flotante de capital turco en un puerto de Las Palmas colmatado. El mensaje del consejero a la patronal ha sido un ultimátum disfrazado de pragmatismo: o se aceptan los 200 metros de eslora del buque en línea de atraque, o la isla se enfrenta a la oscuridad de un cero energético. La llegada del buque anticipa algo seguro: El suicidio del PP en la capital grancanaria desde que el artefacto comience a echar humo sin piedad, se espanten clientes del centro comercial El Muelle, terraza de la Fundación Puertos, Poema del Mar, personal del Arsenal de la Armada y los buques de cruceros salgan por patas al ser imposible que los turistas duerman junto a ese mamotreto. Zapata es de La Palma y allí no llega el problema del PP grancanario.
El puerto de Las Palmas, motor económico de la región, se encuentra en una situación de «lleno absoluto». La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ya ha manifestado su rechazo a sacrificar espacio comercial crítico para albergar un barco que quema gasoil y que, según las propias estimaciones de la Consejería, debería permanecer atracado al menos cinco años. Para los empresarios, el dilema es una trampa. Reconocen el riesgo de apagón tras la renuncia de Endesa a renovar equipos en Jinámar y el fiasco de la central de Sampol, pero critican que se imponga este «disparate» mientras se bloquean proyectos de gas con menor impacto ambiental, como el de Totisa.
La medida, sin embargo, trasciende lo técnico y se adentra en el terreno del cálculo electoral. La insistencia de Zapata en imponer el buque contra el criterio de la Autoridad Portuaria —también bajo control de Coalición Canaria y el PP en el pacto de Gobierno— amenaza con fracturar la base electoral de los populares en la capital grancanaria. El Puerto de La Luz es el corazón económico y emocional de la ciudad; castigar su operatividad durante un lustro para parchear una negligencia administrativa de diez años es una factura que el PP difícilmente podrá eludir en las urnas. El desgaste de ver un puerto bloqueado por una solución «tercermundista» promete pasar factura a un partido que tradicionalmente ha hecho de la gestión eficiente su bandera.
Con Capitanía Marítima rechazando el fondeo por motivos de seguridad, la única opción es el muelle, restando competitividad a un recinto que vive de la agilidad de sus atraques. El Consejo de Administración del Puerto tiene la última palabra, pero el tiempo juega en contra de Zapata. Mientras el consejero intenta disfrazar de «solución rápida» una estancia de cinco años, los empresarios lamentan que la estrategia energética de las islas haya terminado dependiendo de un buque extranjero, evidenciando que en Canarias, la planificación energética es hoy un barco a la deriva buscando donde amarrar.
