En los círculos de la seguridad marítima del Atlántico Medio, la obediencia a las inspecciones del Estado rector del puerto de Las Palmas no es una sugerencia, sino la base del comercio global. Sin embargo, el remolcador ‘Sylvia M’, bajo pabellón de Tanzania, ha decidido poner a prueba los límites de la Dirección General de la Marina Mercante en Canarias. Tras meses de detención administrativa en el Puerto de Las Palmas, el buque emprendió el pasado lunes una huida no autorizada, desatando una crisis de autoridad que ahora desembocará en un expediente sancionador con multas que podrían alcanzar los 180.000 euros.
El historial del ‘Sylvia M’ es una crónica de precariedad operativa. Desde el pasado 3 de diciembre, el buque permanecía bajo una orden de detención tras llegar a Gran Canaria en condiciones críticas: sin combustible suficiente, con un motor inoperativo y remolcando a otro navío con la maquinaria de arrastre rota. La intervención del ‘Miguel de Cervantes’, de Salvamento Marítimo, fue necesaria ya entonces para evitar una tragedia a tres millas de la costa. Lo que siguió fue un proceso opaco de certificación bajo la bandera de Tanzania, mientras la Capitanía Marítima de Las Palmas aguardaba para realizar la inspección obligatoria que validara las supuestas reparaciones.
La tensión escaló el lunes a las 19:15 horas, cuando el centro de control de Sasemar detectó al ‘Sylvia M’ cruzando la bocana del puerto sin hacer uso de los servicios de practicaje y con su remolque a cuestas. En un gesto de abierta desobediencia y bajo un fuerte temporal, el buque ignoró las órdenes de regreso, forzando un despliegue de fuerza que incluyó a la patrullera ‘Río Ara’ de la Guardia Civil y, de nuevo, al remolcador de Salvamento. La «escapada» terminó a las 03:30 horas del martes, con el buque regresando a puerto —irónicamente, remolcado de nuevo por falta de propulsión— y bajo custodia policial.
El incidente del ‘Sylvia M’ es un recordatorio de los peligros de los pabellones de conveniencia que operan en los márgenes de la normativa internacional. Para la Capitanía Marítima, la sanción de 180.000 euros no es solo punitiva; es una señal necesaria para el mercado de que el Puerto de Las Palmas no permitirá que buques sin gobierno ni certificaciones verificadas pongan en peligro la seguridad de la navegación en sus aguas. El expediente sancionador marcará ahora un precedente en la lucha contra la indisciplina marítima en uno de los nodos logísticos más transitados del mundo.
