El muelle de Los Cristianos, enclave estratégico para el flujo constante de pasajeros y buques que conectan Tenerife con el resto del archipiélago, exige un despliegue de seguridad permanente y sin fisuras. En este escenario, las inmersiones del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil no son un mero trámite: son la garantía de que las zonas de atraco y las áreas operativas están libres de cualquier amenaza. La inspección rutinaria en las aguas del puerto sureño terminó convertida en el epicentro de un escándalo institucional en la cúpula del cuerpo. Número de sentencia: 059/2026 (correspondiente al Recurso Contencioso-Disciplinario Militar Ordinario n.º 122/23).
Los hechos ocurrieron durante una jornada de otoño en las instalaciones portuarias. La documentación oficial de la unidad fijaba el inicio de las operaciones a primera hora de la tarde, especificando la realización de un «reconocimiento subacuático» preventivo en la «zona de pasajeros del muelle de Los Cristianos». La actividad real a pie de puerto dibujó una escena completamente distinta. El equipo no hizo acto de presencia en el recinto portuario hasta pasadas las cuatro de la tarde; la inmersión en la zona de embarque de pasajeros «nunca llegó a realizarse».
El desajuste horario en una infraestructura crítica como el puerto de Los Cristianos adoptó una gravedad máxima al cruzar los filtros de control interno. En un servicio donde la seguridad del tráfico marítimo descansa sobre la veracidad de las inspecciones submarinas, la contradicción entre lo volcado en el «aplicativo SIGO» y el «Parte de Servicio» encendió las alarmas con la imputación de una falta grave por «la emisión de informes o partes del servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen».
El rastreo de accesos en el muelle
La brecha entre la actividad declarada y la vida real del puerto afectó a la gestión económica del operativo. La certificación de horarios en las «declaraciones de dietas e indemnizaciones», extendida tanto para la jefatura del equipo como para los «tres subordinados» asignados al servicio en Los Cristianos, reflejaba la hora teórica y no la real. Esto derivó en «el cobro de dietas superiores a las que correspondían».
La investigación interna rastreó los movimientos en el puerto. Los «registros de entrada de vehículos» en el recinto portuario de Los Cristianos, combinados con las fichas informáticas y los «testimonios de los guardias civiles comisionados», constituyeron la «prueba de cargo» definitiva que desmontó la versión oficial sobre el despliegue en el muelle. Frente a los argumentos defensivos que alegaban la «falta de prueba de cargo válida» o la «infracción del principio de tipicidad», los investigadores concluyeron que se cometió una infracción de «mera actividad» al concurrir el «elemento objetivo» de la falsedad documental y el «subjetivo».
El asunto se adentró en la vía judicial por posibles delitos de falsedad. La defensa intentó frenar el procedimiento administrativo bajo el paraguas de una «prejudicialidad penal» por «diligencias previas en un juzgado de instrucción». Esta vía quedó desestimada al no apreciarse una «influencia decisiva» sobre la infracción cometida en la gestión del servicio portuario.
Fractura en la seguridad marítima
La sombra de un falso reconocimiento subacuático en una zona de elevado tránsito de pasajeros como Los Cristianos dejó al descubierto una seria quiebra en la cadena de mando. En una unidad operativa donde la lealtad y la precisión en la información son indispensables para la seguridad en el mar, lo ocurrido dinamitó la confianza interna, alterando el «grado de afectación a la disciplina, la lealtad y los deberes de mando».
La resolución del caso fija un criterio para las unidades desplegadas en puertos y costas. La valoración del «dolo» determina que certificar un rastreo submarino inexistente en el muelle de Los Cristianos no constituye un descuido administrativo, sino una falta muy grave sancionada con la «pérdida de destino» por ser una medida «ajustada a Derecho». El caso cierra un capítulo en el instituto armado: en el entorno portuario, la distancia entre el rigor operativo y el descrédito profesional se mide en las aguas donde nunca se llegó a bucear.
