La falla de extraterritorialidad detectada por la Fiscalía de Canarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) trasciende la esfera del drama humanitario en las rutas migratorias. La incapacidad procesal para juzgar en suelo español los delitos graves cometidos en aguas internacionales a bordo de embarcaciones sin pabellón o sin nacionales implicados sienta un antecedente de impunidad que proyecta sus sombras sobre la protección ambiental del archipiélago y la soberanía sobre sus recursos marinos. El archivo provisional de causas por falta de jurisdicción abre un boquete normativo que inhabilita a las autoridades para intervenir de forma directa ante ilícitos ecológicos, vertidos contaminantes o agresiones al medio natural perpetrados más allá de las 12 millas del mar territorial.
El precedente del Atlántico y el vacío de la extraterritorialidad
La controversia jurídica que desencadenó la puesta en libertad de tres investigados por agresión sexual en una neumática interceptada a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote expuso el estricto muro formal con el que chocan los tribunales. La jurisprudencia impone que, fuera del mar territorial, la jurisdicción penal española solo puede activarse si existen víctimas o autores con nacionalidad española, si los imputados residen en el país o si la infracción se comete a bordo de una nave matriculada en España.
Al trasladar este criterio procesal al ámbito de la custodia del territorio y el medio ambiente, el vacío resulta demoledor. Si una nave extranjera o sin bandera efectúa vertidos tóxicos de sentinas, provoca un desastre por hidrocarburos, incurre en pesca esquilmadora no declarada o destruye hábitats marinos protegidos en la Zona Económica Exclusiva o en el Atlántico internacional próximo a las islas, los juzgados de instrucción del archipiélago se ven obligados a inhibirse por falta de competencia territorial. El ordenamiento actual deja desprotegida la fachada atlántica canaria frente a conductas delictivas sobre la biodiversidad marina ejecutadas en aguas de tránsito internacional pero con impacto directo en el ecosistema insular.
La reformulación de la presunción legal introducida en 2007
El Ministerio Público recuerda que la arquitectura penal ya demostró su capacidad de adaptación cuando la presión de la crisis de los cayucos en 2006 forzó al Congreso a reformar el Código Penal en 2007. Aquella modificación habilitó a los tribunales españoles para perseguir a los patrones de las embarcaciones clandestinas mediante la presunción de que el rumbo trazado tenía por destino el territorio nacional.
La propuesta elevada ahora por la Fiscalía de Canarias a las Cortes Generales busca extender esa misma lógica extensiva para evitar que la alta mar se convierta en un espacio exento de ley. En la vertiente medioambiental y territorial, la aplicación de una presunción similar permitiría a las autoridades judiciales españolas asumir la instrucción penal contra buques, patrones o corporaciones que ejecuten actos destructivos en aguas atlánticas siempre que se constante que el daño ambiental, el vertido o la alteración ecológica amenazan de forma directa la línea de costa, las reservas marinas o las actividades pesqueras del archipiélago.
El desafío de blindar la soberanía ambiental insular
La exigencia de una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial coloca la pelota en el tejado de las Cortes Generales en Madrid, donde el Gobierno autonómico presiona para obtener mayor cobertura jurídica y presupuestaria. La falta de una figura procesal que reconozca la afectación territorial de los delitos cometidos en alta mar perpetúa una asimetría defensiva para el ecosistema marino de Canarias frente a buques en tránsito sin adscripción estatal.
Mientras el Congreso de los Diputados no aborde la actualización de los supuestos de jurisdicción universal y extraterritorialidad penal, el Atlántico próximo a las islas continuará funcionando como una grieta procesal. La impunidad de los delitos en aguas internacionales no solo condena al archivo las agresiones sufridas a bordo de las pateras, sino que mantiene maniatados a las fuerzas de seguridad y a los juzgados canarios a la hora de defender el patrimonio natural de las islas ante agresiones cometidas al otro lado de la frontera de las doce millas.
