Esta crónica se hace desde Tenerife. El estallido de la auditoría de Puertos del Estado sobre la Fundación Puertos de Las Palmas ha dejado a Beatriz Calzada en un absoluto aislamiento dentro de la comunidad portuaria tradicional. La gravedad del informe, que desvela pérdidas consecutivas de 138.660,30 euros en 2024 y 128.115,91 euros en 2025, ha fracturado el consejo de administración. La quiebra técnica y el cuestionamiento del modelo de financiación han provocado un silencio ensordecedor entre las plumas más influyentes del sector: ni las firmas históricas de la crónica marítima ni los medios especializados de referencia han salido a romper una lanza en favor de la presidenta de la Autoridad Portuaria, a pesar de los intentos de la institución por moldear el relato.
El pasado fin de semana hubo una alianza de civilizaciones con medios dóciles de GC. Sin embargo, la maniobra incurrió en graves lagunas de fiscalización: se contrataron plataformas sin auditar por el EGM o la OJD, un requisito habitual de la Intervención del Estado para justificar el uso de fondos públicos. Además, la cita ignoró la naturaleza provincial del ente al vetar la presencia de medios de Lanzarote, Fuerteventura o de municipios con actividad portuaria directa como Telde y Agüimes, excluyendo también a cabeceras de control como Canarias Ahora —que se ofreció a cubrir el evento gratis a cambio de respuestas— o Atlántico Hoy. Los medios que más han investigado las cuentas de la Fundación Puertos de Las Palmas.
El distanciamiento de los tótems del periodismo marítimo local evidencia la profundidad del cisma. El veterano Juan Francisco Fonte —figura clave del entorno portuario, miembro de la propia Fundación, exasesor corporativo presuntamente, empleado en Atlantis Publicidad hasta su jubilación, todo junto, y firma en ‘La Provincia’ de la sección ‘Desde mi noray’— ha evitado avalar la gestión de la dirección de Coalición Canaria (CC). A este desmarque de la vieja guardia se une el decano de los medios especializados en las islas, Radio Muelle, que se ha mantenido al margen de las campañas de lavado de imagen. Los apoyos mediáticos de Calzada han quedado reducidos a cero incluso con la plataforma satélite de la órbita de Astican, Infopuertos, dejando al descubierto la falta de densidad crítica en la defensa de la gestión actual.
Este despliegue de «periodismo de pago» que este fin de semana ha denunciado Canarias Ahora no ha logrado neutralizar las inconsistencias contables del informe estatal, que insiste en que la Fundación se sostiene de forma artificial mediante los más de 300.000 euros de renta anual de un edificio de patrimonio público cedido por el propio puerto. El descrédito se completa con el uso presuntamente clientelar de la estructura de la entidad: la patronal Fedeport, que paga una cuota anual de 5.000 euros como patrono, pastorea e instala su sede física en las propias oficinas de la Fundación Puertos de Las Palmas, consolidando un esquema de opacidad que los funcionarios exigen desmantelar de inmediato.
