Esto viene de atrás. Pero el Ministerio de Transportes de Óscar Puente se ha quedado con la miseria porque es más fácil hacer referencia a un contrato de 15 mil euros a Qrear o a un contrato con una ETT que ir a bocajarro a los cruces de intereses que hay entre patronos y organizaciones que se sientan en el consejo del puerto de las Palmas y la Fundación Puertos de Las Palmas.
Lo peor de todo es la imagen que se genera en la Armada Española, que se ve metida en un entuerto del que es ajena por la buena fe por los medianeros que tiene el puerto de Las Palmas simulando que son dueños de algo cuando son solamente comerciales de firmas extranjeras que, además, se dedican a colonizar las islas y alterar la competencia. Para realizar esta noticia no se ha establecido previa y posteriomente comunicación alguna con las partes mencionadas y tampoco se ha negociado publicidad.
El informe de Puertos del Estado es muy incompleto pero da una clave Fedeport paga pero recibe servicios de la propia entidad. La letra pequeña de la último informe contable de 2025 sobre la Fundación Puerto de Las Palmas no insta a realizar una autopsia seria de los proyectos europeos y los cruces de intereses con circuitos patronales donde la entidad pública era jefe de filas para que patronales de la calle León y Castillo de Las Palmas comieran tranquilamente teniendo que asumir el sector público el riesgo financiero y reputacional. Hasta que no terminen de audiarse los proyectos europeos MAC no puede ejecutarse el cierre de la Fundación Puerto de Las Palmas y sería sobre 2028, como mínimo.
Ahora viene el turrón
El holding naviero de la familia griega Laskaridis se ha situado en el epicentro de la tormenta política y financiera que sacude los muelles canarios. El informe anual de Puertos del Estado debatidos,y aprobado, en consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (en el que se sienta Fedeport con un directivo de Boluda), ha destapado una situación que había pasado desapercibida para los reguladores públicos: la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport), la patronal controlada de facto por el gigante de las reparaciones navales Astilleros Canarios (Astican), operaría actualmente como ‘okupa’ institucional dentro del edificio que sirve de sede a la propia Fundación pública de la que es patrono.
El esquema organizativo revela un círculo de intereses cruzados donde las fronteras entre el dinero privado y los recursos públicos han quedado difuminadas. Astican figura como uno de los grandes sostenes financieros de la Fundación Puertos de Las Palmas mediante una cuota anual fija de 30.000 euros, un esfuerzo que comparte con otros gigantes del sector como Boluda Corporación Marítima y Trancoma (Hamilton & Cía).
Menuda cara
Sin embargo, la vertiente asociativa de este entramado, canalizada a través de Fedeport, apenas aporta una tasa menor de 5.000 euros al año a los presupuestos de la entidad, una cuantía idéntica a la que desembolsan el Centro Portuario de Empleo o la recién incorporada patronal Oneport, antigua Fecol.
A cambio de esta modesta aportación, la patronal ligada al grupo griego y a Boluda ha conseguido instalarse gratis en el inmueble fundacional, actuando simultáneamente como donante, miembro del consejo de administración y beneficiario directo de despachos e infraestructuras públicas sin abonar alquiler porque en los datos de ingresos no aparece relación alguna de inputs asociados a acuerdo alguno.
Mientras el bloque de corporaciones privadas que encabeza la familia Laskaridis maneja el día a día y usufructúa las instalaciones de la entidad, la administración pública ha optado por una pasividad absoluta. La Autoridad Portuaria de Las Palmas y los llamados patronos natos —que integran al Ayuntamiento capitalino, la Universidad y el Mando Naval— mantienen sus aportaciones económicas a cero, delegando la viabilidad del ente en la caja del sector empresarial. Esta falta de ingresos públicos y las rigideces de su estructura han arrastrado a la Fundación a un descalabro financiero crónico, consolidando unas pérdidas netas de 128.115,91 euros en el ejercicio de 2025 que agravan los números rojos de 138.660,30 euros registrados durante el año anterior.
