
En Canarias hay problemas para comer. Pero también para dormir. Hay funcionarios corruptos que forman parte del 24% de la población canaria consume ansiolíticos y antidepresivos según el Istac. Muchos de esos forman parte de los 355.000 isleños toman tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir o de los 147.000 que toman antidepresivos y estimulantes. Pero hay muchos, muchos más, que comen lo justo y no tira de la química para conciliar el sueño. La maquinaria del Estado a menudo se percibe como un entramado frío de despachos y burocracias. Sin embargo, su verdadero motor es humano y, en demasiadas ocasiones, silencioso. Rendimos hoy un tributo necesario a esos empleados y funcionarios públicos honestos que, lejos de buscar el aplauso o el beneficio personal, entienden su labor como un compromiso inquebrantable con la verdad y la legalidad. Son los guardianes invisibles de nuestra arquitectura democrática.
La historia demuestra que el coraje ante el poder no entiende de uniformes ni de jerarquías, sino de principios. En los anales del honor internacional destaca el ejemplo del sargento estadounidense Ivan Frederick, quien en el año 2004, en medio del caos de la posguerra de Irak, decidió jugarse el tipo, la carrera y su propia seguridad al denunciar los sistemáticos abusos y torturas perpetrados en la prisión de Abu Ghraib. Aquel militar no solo expuso la degradación moral en un centro de detención; recordó al mundo que la obediencia debida termina donde empieza la dignidad humana y la ley. Su denuncia agrietó el muro del encubrimiento oficial y devolvió la luz a una fosa de oscuridad institucional.
Nuestros Ivan Frederick tienen todo nuestro respeto y apoyo
Ese mismo hilo conductor de integridad es el que sostiene hoy el día a día de nuestras instituciones más cercanas, y encuentra un reflejo directo en acontecimientos recientes como el vivido en la Autoridad Portuaria de Las Palmas o la locura de la burocracia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife por presiones deshonestas en apariencia llegadas desde el extranjero. Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros funcionarios civiles y técnicos de control. El demoledor informe fiscalizador emitido por los auditores de Puertos del Estado sobre la gestión de la Fundación es el equivalente administrativo a ese paso al frente: una firma incómoda, respaldada por datos rigurosos y disciplina contable, que destapa pérdidas de 138.660,30 euros en 2024 y 128.115,91 euros en 2025, desafiando las presiones políticas de los gobernantes de turno.
Ser un servidor público honesto en entornos de alta presión económica y partidista —como un gran puerto comercial— requiere un heroísmo cotidiano y callado. Significa anteponer el manual de la decencia y la defensa del erario al interés del poderoso, sabiendo que el precio de la rectitud suele ser la soledad, el veto o el ostracismo mediático. Mientras algunos ceden al caramelo del presupuesto o al silencio cómplice, los técnicos e inspectores que auditan, vigilan y denuncian el uso clientelar de los edificios públicos y la financiación irregular nos recuerdan para qué sirve el Estado. A todos ellos, los que honran el acta de inspección frente al mitin político, les debemos la estabilidad de nuestra sociedad; su integridad es el escudo que protege nuestra democracia.










