Mientras el Puerto de Las Palmas despliega su ambicioso plan de inversión de 387 millones de euros para consolidar su posición en el Atlántico, surge un debate sobre un posible conflicto de intereses que podría afectar la percepción de transparencia en la gestión portuaria. El desplazamiento de un funcionario técnico a Dakhla (Sáhara Occidental) en una misión financiada con fondos FEDER y gestionada por la patronal Federport ha generado preguntas sobre la compatibilidad de esta actividad con el Manual de Conducta Anticorrupción de diciembre de 2024 de la propia Autoridad Portuaria. Según el manual, situaciones como esta podrían considerarse un “Conflicto de Intereses Real”, dado que la persona involucrada tiene responsabilidades en la redacción de pliegos de licitación.
El manual establece que quienes redacten documentos de licitación deben cumplimentar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). Desde esta perspectiva, la participación en un viaje gestionado por una entidad privada con intereses comerciales podría generar una percepción de sesgo o influencia sobre la objetividad requerida para el cumplimiento de sus funciones. No hay evidencia pública de que la DACI se haya completado antes del viaje.
Alguien se la está jugando a Calzada
Desde el punto de vista de auditoría, la mera percepción de que un redactor de pliegos viaje junto a representantes de la patronal del sector puede considerarse un riesgo en términos de gobernanza y cumplimiento normativo. El manual indica que cualquier actuación que pudiera favorecer intereses privados frente a fondos europeos debe ser monitorizada con herramientas como ARACHNE, diseñada para detectar riesgos de fraude o irregularidades en el uso de fondos públicos.
Asimismo, el manual establece que los superiores jerárquicos deben adoptar medidas inmediatas para que la persona afectada cese toda actividad vinculada a asuntos donde se detecte un conflicto de intereses. Además, si se comprobara alguna influencia sobre los pliegos, podría ser necesario repetir el procedimiento de contratación para garantía
Percepción
Es importante subrayar que en este análisis no se afirma que se haya cometido ningún delito o infracción.riesgos potenciales según normativa interna, legislación española y europea. La situación pone de relieve la relevancia de la transparencia en los procesos de licitación y cómo la percepción de conflicto de intereses puede generar cuestionamientos legales o administrativos.
El manual de la APLP identifica como “bandera roja” cualquier situación en la que un empleado público con capacidad de decisión mantenga relaciones de hospitalidad o contacto directo con beneficiarios potenciales de sus decisiones. Federport representa a los empresarios que operarán bajo las reglas que este funcionario está redactando. Desde esta perspectiva, el viaje no se considera una simple “prospección técnica”, sino un escenario donde podrían percibirse riesgos de influencia sobre la redacción de los pliegos. En puertos internacionales, como Casablanca o Amberes, situaciones similares podrían invalidar procesos contractuales por sesgo de origen.
El hecho de que el viaje haya sido financiado con fondos FEDER introduce un componente adicional de supervisión. Herramientas como ARACHNE permiten detectar vínculos entre reguladores y contratistas, y la participación de un funcionario en estas circunstancias podría generar revisiones internas para garantizar que no se comprometa la correcta utilización de fondos europeos.
Si se aplica estrictamente el manual de conducta firmado por Beatriz Calzada, el procedimiento previsto establece que el superior jerárquico debe retirar al funcionario de la redacción de pliegos “de inmediato” y repetir la parte del procedimiento afectada si se detecta algún riesgo de influencia indebida. La falta de comunicación previa de la participación en este viaje también constituye un incumplimiento que el manual clasifica como susceptible de sanción administrativa.
En Las Palmas se suele decir que “quien tiene padrino, se bautiza”, pero en el contexto portuario, gestionar agendas con actores del sector mientras se redactan normas de contratación es un asunto sensible. Estas situaciones ponen de relieve la importancia de procedimiento. La combinación de fondos europeos, responsabilidad en la redacción de pliegos y la participación en actividades organizadas por actores del sector plantea riesgos de percepción de conflicto de intereses, que podrían derivar en revisiones o ajustes administrativos si se confirma alguna influencia indebida. Este análisis busca advertir sobre posibles riesgos y reforzar la necesidad de mantener prácticas de gobernanza sólidas, sin implicar la comisión de delitos consumados.
