La firma de servicios profesionales BDO Auditores S.L.P. ha completado el informe de auditoría de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación Puertos de Las Palmas, validando la integridad de sus estados financieros y confirmando que no se han identificado riesgos significativos o incorrecciones materiales que requieran ser comunicados como aspectos clave de control. El dictamen emitido por la auditora independiente ratifica que las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad, de conformidad con el marco normativo contable español.
En su análisis final, los auditores concluyeron que el uso del principio de empresa en funcionamiento por parte de la dirección es correcto, descartando de momento incertidumbres materiales inmediatas, al tiempo que confirmaron que la estructura del balance refleja fielmente los hechos económicos y las transacciones subyacentes de la Fundación.
¡Desde la época de Montoro!
No obstante, los auditores han incorporado un elemento de análisis crucial mediante un párrafo de énfasis en su dictamen. BDO llama la atención sobre lo desvelado en la nota 1 de la memoria abreviada, donde se explicita que la Asamblea de Patronos de la Fundación acordó, por unanimidad, participar en el proceso legal para la pérdida de su condición de fundación del Sector Público Estatal. Dicho acuerdo conlleva la asunción de todos los compromisos financieros y administrativos necesarios para ejecutar la desvinculación, un expediente que en la fecha de emisión del informe sigue pendiente de resolución definitiva por parte de la Administración General del Estado. La firma aclara que este hecho no modifica ni condiciona su opinión favorable sobre las cuentas.
La Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, dictada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas bajo la dirección de Cristóbal Montoro, supuso el marco normativo clave para la ejecución del plan de reforma diseñado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Esta disposición legal autorizó la reestructuración drástica de más de una tercera parte del sector público fundacional estatal mediante procesos de extinción, fusión o desvinculación patrimonial con el objetivo de eliminar duplicidades y corregir el déficit del gasto público.
Dentro de este paquete de medidas, recogido formalmente en el apartado 3 de su Anexo II, se incluyó de forma específica a la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas, decretando el inicio de los trámites legales para que esta entidad dejara de tener la consideración de fundación del sector público estatal. El proceso de privatización u optimización de su estatus jurídico exigió el cumplimiento de estrictos controles administrativos, incluyendo un informe financiero favorable de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) destinado a auditar el destino definitivo de las aportaciones públicas previas y a garantizar la plena autonomía operativa de la institución portuaria canaria respecto al balance consolidado del Estado.
El documento técnico delimita con precisión el reparto de responsabilidades de la gobernanza. La Junta Directiva figura como el órgano legalmente responsable de formular y preparar las cuentas anuales abreviadas, debiendo garantizar la implementación del control interno necesario para blind
