El sistema portuario de titularidad estatal ha cerrado filas en torno a la transparencia y el rigor administrativo. Durante las III Jornadas de Auditoría y Control Interno, celebradas del 23 al 24 de abril en la capital grancanaria, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo S., y su homóloga en Las Palmas, Beatriz Calzada, han liderado un cónclave técnico destinado a blindar la gestión pública. Con la participación de 25 Autoridades Portuarias, el encuentro ha puesto el foco en la creciente complejidad de las exigencias de verificación impuestas por la Comisión Europea, en un momento donde la ejecución de los fondos FEDER y FEMPA marca el ritmo de las inversiones en los muelles españoles.
La cita no ha sido meramente consultiva. La presencia de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Dirección General de Fondos Europeos subraya la presión fiscalizadora a la que están sometidas las Autoridades Portuarias. El mensaje de Puertos del Estado es claro: el modelo de control interno debe ser homogéneo para evitar fisuras que puedan comprometer la llegada de capital europeo. En un sistema descentralizado donde cada puerto gestiona sus propios presupuestos, la unificación de criterios en auditorías y planes de acción se ha convertido en la mayor garantía de supervivencia financiera para los proyectos de infraestructura.
El marco operativo que rige estas jornadas es el Plan de Control Interno aprobado en diciembre de 2025. Este documento estratégico, que ya aplican las Autoridades Portuarias, estructura la vigilancia en cuatro bloques críticos: actuaciones ordinarias de control, auditorías específicas de fondos europeos, planes de acción para corregir desviaciones e informes especiales. Esta arquitectura busca profesionalizar la inspección interna, elevándola de una tarea burocrática a una herramienta de gestión estratégica que permita detectar ineficiencias antes de que sean señaladas por los organismos externos de control.
Para el puerto de Las Palmas, actuar como anfitrión de este encuentro refuerza su perfil como nodo administrativo solvente dentro de la red nacional. En un entorno donde la competencia por los fondos de la Unión Europea es feroz y los requisitos de sostenibilidad y digitalización son cada vez más estrictos, la coordinación institucional entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transportes se revela fundamental. El sistema portuario español se prepara así para un ciclo de inversiones donde el éxito no solo se medirá por las toneladas movidas, sino por la impecabilidad del rastro documental dejado en Bruselas.
