El puerto de Las Palmas ha iniciado un proceso público de selección para incorporar un nuevo director gerente. El puesto en la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas cuenta con una retribución anual de 61.826 euros. Los aspirantes se enfrentan a un mandato principal: el ejecutivo entrante no expandirá las operaciones, sino que supervisará el desmantelamiento de la entidad. El nuevo directivo deberá priorizar la coordinación técnica del proceso de transformación, integración o liquidación total de la fundación. ¿Motivo? Que Puertos del Estado ha hecho una auditoría diciendo que hay vicios de contratación tóxica de servicios y que es un mandato de 2014.
Especialistas en recursos humanos han identificado barreras significativas para el talento externo dentro del baremo de calificación. El proceso selectivo divide su puntuación máxima de 40 puntos a partes iguales entre las credenciales objetivas y una entrevista personal subjetiva. La primera fase otorga puntos por titulaciones avanzadas en derecho o economía y experiencia directiva previa.
Una jerarquía clara favorece a los candidatos internos. La experiencia dentro del sector público portuario reporta 0,80 puntos por año. La gestión en el resto del sector público recibe 0,50 puntos. La experiencia ejecutiva en el sector privado se valora en tan solo 0,30 puntos. Un directivo de la empresa privada necesitaría trece años de antigüedad para igualar los puntos acumulados por un funcionario portuario en cinco años.
La segunda mitad de la evaluación depende enteramente de una entrevista de 20 puntos. Los examinadores calificarán competencias como la «visión estratégica» y la «gestión de la transformación» mediante categorías generales que van desde «excelente» hasta «insuficiente». Esta estructura otorga al comité de selección una influencia decisiva sobre la clasificación final. Un candidato con un currículum perfecto puede ser superado si un perfil interno asegura una puntuación de «excelente» durante el encuentro presencial.
La responsabilidad legal se traslada completamente al aspirante al presentar el expediente. La participación en el proceso implica la aceptación explícita del potencial cierre de la fundación. Los candidatos pierden el derecho a alegar un «vicio del consentimiento» respecto a la inestabilidad de la organización.
El marco laboral utiliza el Real Decreto 1382/1985 de España, que regula la relación laboral especial del personal de alta dirección. Esta clasificación ópera fuera de las protecciones estatutarias estándar del código laboral general. Las condiciones de despido se fijan en el mínimo legal. Si la entidad ejerce su derecho de desistimiento durante una liquidación, el ejecutivo recibirá una indemnización de siete días de salario por año de servicio, con un tope de seis mensualidades.
La estrategia de contratación refleja un objetivo institucional claro. La autoridad requiere un administrador público experimentado con conocimientos específicos en liquidación de inventarios de activos, subrogación de personal y cierre financiero. El candidato elegido gestionará la compleja extinción legal de los contratos financiados por el Estado. Ejecutará esta tarea bajo plazos estrictos, protegido por un marco que aísla al Estado de futuros litigios. El proceso constituye la búsqueda estructurada de un ejecutor administrativo.
