
La Dirección General de la Marina Mercante ha convocado las pruebas de conocimiento general para obtener la habilitación profesional de práctico de puerto, abriendo el plazo de presentación de solicitudes para los capitanes interesados de Canarias y del resto del territorio nacional. La convocatoria se formaliza tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado del 6 de agosto de 2026.
Los aspirantes disponen de un plazo de un mes, comprendido entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, para presentar sus instancias. Las solicitudes, dirigidas a la Directora General de la Marina Mercante, pueden tramitarse en las Capitanías Marítimas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como en los distritos marítimos de Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y Valverde. Para ser admitidos, los candidatos deben adjuntar la fotocopia de la tarjeta profesional de Capitán de la Marina Mercante, la acreditación de haber ejercido el mando en buques superiores a 1.000 GT durante al menos 730 días en los últimos diez años y el resguardo de autoliquidación de la tasa de examen por importe de 46,68 euros.
Al término del periodo de inscripción, el 8 de septiembre de 2026, la Administración Marítima publicará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las Capitanías Marítimas y en los tablones de anuncios oficiales. Se concederá un plazo de diez días naturales para la subsanación de errores, tras el cual se hará pública la relación definitiva junto con el calendario exacto, el aula y el lugar de celebración del primer ejercicio en Madrid.
Los exámenes presenciales correspondientes a la primera fase teórica —centrada en el dominio del idioma inglés y en legislación náutica nacional e internacional— se llevarán a cabo en Madrid a lo largo del mes de octubre de 2026. Los resultados provisionales se publicarán en un plazo máximo de siete días tras cada una de las pruebas. Aquellos profesionales que superen esta fase general mantendrán el reconocimiento de la prueba durante un periodo de cuatro años, tiempo en el que podrán concurrir a las convocatorias específicas que se publiquen para los puertos de las islas Canarias o de la Península.










