La presidencia portuaria de Las Palmas ha aprovechado su tribuna de honor como «puerto del mes» en la edición del 3 de julio de 2026 de la revista de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) para airear un catálogo de quejas regulatorias que roza la osadía geopolítica. En esta entrevista, Beatriz Calzada ha exigido a las instituciones comunitarias una flexibilidad «a la carta» en las tasas de emisiones (ETS), desplegando una pirueta argumental llamativa: la presidenta rechaza de pleno que se meta en el mismo saco fiscal a Canarias y a repúblicas soberanas de la talla de Malta o Chipre. Precisamente una de las multinacionales más potentes del puerto de Las Palmas tiene su sede fiscal en Chipre.
Sostiene Calzada en sus declaraciones a la publicación que «es un error equiparar a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) con estados insulares como Malta o Chipre», argumentando que, a diferencia de estas naciones, los territorios como el suyo se enfrentan a «limitaciones estructurales vinculadas a su estatus, agravadas por su lejanía de la Europa continental«. La ESPO tiene a Ansis Zeltiņš como presidente, director General del Puerto de Riga (Letonia) y a Gerardo Landaluce, vicepresidente, presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras (PP).
El escepticismo técnico ante este lamento insular es inevitable. En un alarde de creatividad institucional, la estrategia de Las Palmas pasa por exigir un trato de favor por el simple hecho de ser una RUP, obviando el pequeño detalle de que Malta y Chipre son Estados miembros de pleno derecho, con asiento en el Consejo, derecho a veto y diplomacias propias. La presidenta insiste ante la ESPO en que el objetivo de esta ofensiva ante Bruselas «no es eximir a las Regiones Ultraperiféricas de las medidas de la UE, sino garantizar que dichas medidas se adapten adecuadamente a sus circunstancias específicas».
Para la Autoridad Portuaria, la lejanía geográfica no es solo una realidad física, sino una debilidad regulatoria frente a los competidores africanos, cuya cercanía «crea una competencia desleal, con el potencial de desviar el tráfico y mermar la competitividad de los puertos de la región». Según detalla Calzada a la revista europea de la patronal, la situación en Canarias es «particularmente compleja debido a la proximidad de puertos competidores de África Occidental, que no están sujetos al mismo marco regulatorio de la UE». La revisión normativa de julio determinará si Bruselas cede a la presión de las regiones periféricas o si prioriza la rigidez de su agenda verde.
Calzada recuerda que «aunque no provengo de una familia con tradición marítima o portuaria, tengo profundas raíces personales en el Puerto de Las Palmas» ya que «mi trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada al urbanismo y al desarrollo territorial, y a nivel político he trabajado en la administración pública en diversas instituciones, presidir la Autoridad Portuaria ha sido un gran reto y un cargo del que me siento profundamente orgullosa».
