
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha ejecutado la mayor reestructuración de competencias en su Área de Aduanas e Impuestos Especiales de la última década. La nueva directiva modifica en profundidad las estructuras organizativas vigentes desde 2021 para adaptarlas a los criterios de fiscalización del Código Aduanero de la Unión Europea y al endurecimiento de las sanciones internacionales. La reforma centraliza las grandes decisiones estratégicas de control energético en la Oficina Nacional, pero concede un margen de flexibilidad operativa sin precedentes a las delegaciones regionales que gestionan los recintos aduaneros de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio de Hacienda justifica esta reorganización por la necesidad de agilizar la respuesta inspectora ante un entorno normativo variable, condicionado por las directrices de Bruselas en materia de restricciones comerciales y lucha contra el fraude fiscal. La nueva arquitectura administrativa redefine el reparto de funciones en los puertos canarios, enclaves considerados críticos debido a su condición de frontera exterior de la Unión Europea y nudos logísticos de avituallamiento marítimo internacional.
Concentración energética en Madrid y asignación de números EORI
El núcleo del cambio operativo afecta de forma directa al tráfico de hidrocarburos, un negocio estratégico para los muelles de las islas. La Oficina Nacional de Gestión de Aduanas asume en exclusiva la competencia para tramitar las autorizaciones previas de exención temporal vinculadas al reglamento europeo sobre la eliminación progresiva de las importaciones de gas natural y petróleo de origen ruso. Esta centralización retira a las delegaciones canarias la potestad para evaluar las solicitudes energéticas de los operadores, unificando el criterio inspector en Madrid para blindar las sanciones económicas internacionales.
La Oficina Nacional también absorbe la gestión del número de registro e identificación de operadores económicos (EORI) para las empresas no establecidas en el territorio aduanero de la Unión Europea que presenten solicitudes de intervención de marca o autorizaciones específicas. No obstante, las Áreas Regionales de Gestión de las islas conservarán la facultad ordinaria de asignar el número EORI a las corporaciones establecidas en el archipiélago y a los operadores extranjeros que registren su primera declaración aduanera en suelo insular, garantizando el dinamismo de las transacciones comerciales físicas en los muelles locales.
Poder inspector a las oficinas técnicas regionales y control del contrabando
La resolución de la Presidencia de la AEAT introduce un cambio de calado en la estructura jerárquica de control e investigación dentro de las dependencias canarias. Las personas titulares de las Oficinas Técnicas aduaneras de las islas pasan a ostentar la consideración formal de Inspectores Jefes. Este reconocimiento legal dota a los mandos técnicos locales de la capacidad para validar actas de inspección, iniciar expedientes sancionadores de gran cuantía y coordinar de forma directa las investigaciones aduaneras complejas sin necesidad de delegación expresa de los servicios centrales.
Estas unidades regionales asumen competencias reforzadas en la investigación del contrabando y en la persecución de infracciones vinculadas a normativas de comercio exterior ajenas al estricto ámbito aduanero, como las restricciones fitosanitarias o los controles de seguridad industrial de productos importados de terceros países. Asimismo, las Áreas Regionales de Control e Investigación se encargarán de tramitar y resolver de forma directa las solicitudes de devolución y condonación de deudas aduaneras reguladas en el Código Aduanero de la Unión, siempre que los expedientes hayan sido liquidados originalmente por sus propios inspectores.
Vigilancia Aduanera asume los delitos flagrantes a pie de muelle
En el ámbito de la seguridad y el resguardo fiscal de las zonas francas y muelles comerciales del archipiélago, la reforma delimita las fronteras operativas ante la detección de ilícitos penales. La nueva ordenación estipula de manera taxativa que, en caso de delito flagrante detectado durante las inspecciones ordinarias de contenedores o equipajes, la instrucción del correspondiente atestado policial corresponderá de forma preferente a los funcionarios del Cuerpo de Vigilancia Aduanera adscritos al recinto. La medida aclara el reparto de competencias con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las terminales canarias, agilizando la tramitación judicial de los alijos y el fraude de mercancías en las zonas portuarias habilitadas.
La flexibilización organizativa se traslada también a las Administraciones de Aduanas de los recintos canarios, que absorben el control directo del embarque y las exenciones fiscales aplicadas al avituallamiento y equipamiento de buques extranjeros, un tráfico comercial intensivo en los puertos de Las Palmas y Tenerife. El nuevo diseño de la AEAT permite, además, desplazar de forma permanente equipos técnicos desconcentrados a las terminales y zonas de depósito temporal de las islas. El Ministerio de Hacienda busca con este despliegue físico evitar los cuellos de botella administrativos en las declaraciones de importación y exportación, blindando la agilidad logística de Canarias frente a los controles antiterroristas y las inspecciones de seguridad internacional de la mercancía.










