El escándalo del presunto fraude fiscal en el Puerto de La Luz ha tomado un giro político de consecuencias imprevisibles. El Gobierno de Canarias, que debe contar con el blindaje de los servicios juridicos del Estado, ha decidido personarse formalmente como acusación particular en la causa contra Cepsa (ahora Moeve) y su filial Petrocan. El motivo: se considera «parte lesionada» al haber dejado de percibir casi 8 millones de euros en impuestos especiales entre 2016 y 2021, según ha podido saber Canarymaritime de fuentes jurídicas. La fiscalía, como ha titulado Maspalomas24H, ha pedido la pena de muerte societaria a Cepsa en el Reino de España. En el consejo de administración de Cepsa hay también una abogada del Estado pero en excedencia: Soraya Saénz de Santamaría como vocal independiente y la Hacienda Canaria está en manos del PP.
La contradicción jurídica del Ejecutivo
La personación del Gobierno canario como perjudicado ha levantado ampollas en los pasillos de justicia. La situación roza el surrealismo procesal: mientras un letrado de la Comunidad Autónoma actúa como acusación para recuperar el dinero defraudado, otros letrados del mismo Gobierno representan a las dos altas funcionarias investigadas.
Se trata de la subdirectora de Tributos a la Importación y la subdirectora de Inspección y Planificación de la Agencia Tributaria Canaria. Ambas están investigadas por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, al haber ignorado supuestamente las alertas de fraude que llegaron a sus despachos en 2019. Esta dualidad —acusar a la petrolera pero defender a quienes debían vigilarla— crea un conflicto de intereses que podría debilitar la posición de la Hacienda Canaria en el juicio.
Gasóleo disfrazado de fueloil
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2, sostiene que Petrocan importaba masivamente gasóleo, pero lo declaraba como fueloil para beneficiarse de una tarifa ridícula: Tarifa Gasóleo: 222 euros por cada 1.000 litros, tarifa Fueloil: 0,56 euros por tonelada métrica. Esta maniobra permitió una evasión sistemática de 7,8 millones de euros. Cuando el producto llegaba a los tanques del Puerto de La Luz, se comercializaba como «diésel oil industrial», aplicando al cliente un precio de mercado pero liquidando ante el fisco canario una cantidad ínfima.
Medidas cautelares y el futuro de Cepsa
Ante la contundencia de los indicios presentados por la Fiscalía y la Guardia Civil, el juez ya prohibió cautelarmente a Cepsa vender diésel oil industrial sin aplicar la tasa correspondiente al gasóleo. La compañía, por su parte, se defiende alegando que se trata de una denuncia de un competidor y que su interpretación de la normativa fiscal es la correcta. Sin embargo, la personación del Gobierno de Canarias como acusación añade una presión institucional inédita. El Ejecutivo se ve obligado a reclamar el dinero para no parecer cómplice de un sistema de «puertas abiertas» en la inspección tributaria, pero la imputación de sus propias funcionarias pone en entredicho la integridad de los controles internos de la Agencia Tributaria Canaria.
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por José L. Jiménez. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
