Un disparate. Porque una cosa es que sea un recinto aprovechable como como ha ocurrido con el Silo del puerto de Oslo y otra que nadie quiera explotar el recinto y o vayan a dejar morirse de asco inutilizando esa superficie en las próximas décadas. ¿Qué van a hacer, un museo en medio de un negocio industrial?
El antiguo silo de granos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha pasado de ser una infraestructura sentenciada al desguace a convertirse en un activo blindado por el Estado. El Ministerio de Cultura, bajo la influencia del ala de Podemos en el Ejecutivo central, ha iniciado formalmente los trámites para declarar el inmueble Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de patrimonio industrial. Esta maniobra administrativa, publicada recientemente, otorga al edificio la máxima protección prevista en la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, lo que de facto paraliza cualquier intento de demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
El expediente de protección surge como respuesta directa a la decisión tomada el pasado septiembre por el Consejo de Administración de Puertos de Tenerife, que había aprobado el derribo de una estructura que acumula 35 años en desuso. La presión ejercida desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias y el Colegio de Arquitectos encontró eco en Madrid, donde el Ministerio ha optado por salvaguardar el que se considera el único ejemplo de silo de tipo portuario conservado en España. La ubicación estratégica del inmueble, junto al Dique del Este, lo sitúa ahora en el centro de una disputa entre la operatividad industrial portuaria y la conservación histórica.
La incoación del expediente BIC aplica de forma provisional la máxima protección legal, convirtiendo el silo en un «monumento» intocable durante el tiempo que dure el proceso administrativo. Para los sectores que impulsan el desarrollo comercial del puerto, la decisión se percibe como una injerencia de Madrid que bloquea la modernización del frente marítimo y la reutilización del suelo para actividades más rentables. Por el contrario, desde el sector conservacionista se celebra el movimiento como una victoria contra la «amnesia arquitectónica» y un reconocimiento al valor del legado industrial del siglo XX.
Al elevar la protección a escala nacional, el Ministerio retira las competencias de decisión sobre el futuro de la parcela a la administración local e insular, vinculando cualquier intervención futura a los estrictos criterios de restauración y conservación del Estado. El edificio, antaño símbolo de la logística alimentaria del archipiélago, se mantiene en pie como un vestigio protegido, obligando a Puertos de Tenerife a reconfigurar sus planes de expansión en una zona donde el hormigón industrial podemita ha ganado la batalla al interés de demolición.
