Nadie de Canarias presente. Mientras el sol cae sobre el Puerto de La Luz, las luces de las salas de conferencias en Las Palmas permanecen encendidas. No es para menos: la delegación mauritana y los técnicos de la Comisión Europea encaran hoy la jornada definitiva de una negociación que es, en esencia, un delicado ejercicio de equilibrismo financiero y biológico. El objetivo es renovar el protocolo de pesca, un contrato de arrendamiento soberano que permite a cerca de 100 buques europeos faenar en aguas de Mauritania a cambio de una contraprestación que, en acuerdos anteriores, ha superado los 60 millones de euros anuales, sumando más de 500 millones en el horizonte de un lustro.
La narrativa de esta segunda ronda ha girado en torno a la palabra «conformidad». Mauritania ya no se conforma con ser un mero receptor de cánones; el Ministerio de Pesca e Infraestructuras ha dejado claro que cualquier nuevo texto debe estar blindado ante las leyes locales que protegen su caladero. Durante las sesiones del martes y miércoles, los negociadores han diseccionado los anexos técnicos, donde se libra la verdadera batalla: el porcentaje de tripulantes mauritanos que deben ir a bordo de los barcos europeos y las distancias mínimas a la costa para evitar el conflicto con la flota artesanal nativa, el motor social del país.
Desde el punto de vista del mercado, la tensión es palpable en los muelles grancanarios. Las Palmas no es solo el escenario de la reunión, es la base logística donde se descargan, procesan y reexportan miles de toneladas de capturas mauritanas. Un protocolo restrictivo o excesivamente caro podría desplazar el margen de beneficio de las armadoras hacia el terreno negativo, mientras que un acuerdo demasiado laxo pondría en riesgo la sostenibilidad de los recursos, el principal activo de Mauritania para las próximas décadas.
El comunicado emitido por Nouakchott subraya un compromiso con la «transparencia y responsabilidad». Tras años de críticas por la opacidad en los repartos de cuotas, ambas partes parecen haber entendido que el capital político de este acuerdo depende de su integridad ambiental.
Noticia escrita por Raquel Molina. Editado y verificado por José L. Jiménez. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
