La imagen del diario Atlántico Hoy de Vicente Boluda, de espaldas ante el tribunal de Las Palmas, es la metáfora perfecta de una época: el poder no necesita mirar a la cara a sus víctimas. Tras el dantesco espectáculo judicial de esta semana de Carnaval, resuenan las palabras de Xabier Arzalluz sobre Josu Jon Imaz: estamos ante «un mal ejemplo para la juventud». Lo ocurrido en ese juzgado es la amarga lección que recibe la juventud canaria: la observación diaria de cómo un capitalismo extractivo y foráneo se hace con esta tierra a precio de saldo, triturando, si es necesario, la reputación de un funcionario honesto cuyo único pecado fue intentar que el Puerto de Las Palmas dejara de ser un feudo.
José Antonio Morillo-Velarde compareció con la fragilidad de quien ha dedicado cuarenta años a proteger la arquitectura del Estado, solo para descubrir que el Leviatán administrativo es el primero en batirse en retirada cuando el adversario tiene flota propia. Su soledad era absoluta. Frente a él, el naviero no era un simple acusado, sino un sistema meteorológico; una fuerza de la naturaleza ante la cual la Ley de Puertos es apenas un paraguas roto bajo un huracán de intereses.
En la penumbra de la sala, el juicio se transformó en un ejercicio de funambulismo procesal. Profesionales como José Antonio Choclán y Jiménez de Cisneros —esos arquitectos jurídicos que diseñaron la querella original contra la cúpula portuaria como quien proyecta un centro comercial sobre un humedal protegido— comparecieron para explicar que la verdad, en ciertos estratos, parece ser una cuestión de interpretación y honorarios. Con la frialdad de quien opera sobre un sistema ya colapsado, el relato reveló una realidad incómoda: el poderoso ya no necesita mentir; le basta con externalizar la elaboración de una tesis jurídica que convierta la defensa de un monopolio en doctrina administrativa.
Mientras Morillo-Velarde asistía al desguace de su prestigio con la fatiga del funcionario que descubre que el Estado es un cliente que nunca paga las facturas del honor, la defensa sostenía que los hechos denunciados eran «ciertos a priori». Es una categoría metafísica fascinante: una verdad suspendida que solo sirve para alimentar una maquinaria diseñada para el acoso técnico. La honestidad en el sector público se presenta así como una forma de autismo funcional; un error del sistema que los hombres de éxito se encargan de corregir con el peso de su propia existencia.
Se escenificó, en definitiva, el sacrificio de la fe pública. Morillo-Velarde, que cometió el error de creer en la ley tras cuatro décadas de servicio, se enfrentó a quien ha convertido el océano en un jardín privado. No fue solo un juicio por denuncia falsa; fue una lección de anatomía sobre cómo el poder devora al técnico que osa interponer una norma entre un magnate y su beneficio. El resultado es un desierto: la libertad de mercado en Canarias ha muerto en esos pasillos, asfixiada por el humo de los remolcadores que no admiten competencia. FairPlay ya se ha ido. El monopolio ha ganado. Y al funcionario solo le queda el consuelo de los derrotados: saber que, en este mundo, la rectitud es el camino más corto hacia la humillación.
