El sistema de bonificaciones al transporte marítimo para residentes, un pilar sagrado de la conectividad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se enfrenta a una reforma drástica. El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe demoledor sobre el ejercicio 2023, en el que se destinaron 227 millones de euros para subvencionar 8,6 millones de viajes. El organismo fiscalizador advierte de una falta total de control en el gasto: no existen límites al número de trayectos, ni al importe de las tarifas, ni a la categoría de la acomodación, lo que está permitiendo que el Estado sufrague con dinero público camarotes de lujo y servicios de restauración encubiertos.
La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) ha gestionado un programa donde el 93,7% del presupuesto se destina directamente a bonificar el 75% del billete del residente. Sin embargo, el Tribunal denuncia que el sistema actual es regresivo: al no haber topes, los residentes con mayor capacidad económica son los que más se benefician del subsidio al comprar pasajes en categorías superiores. Además, se critica la «laxitud» en la acreditación de la residencia, basada únicamente en el empadronamiento, lo que abre la puerta a que ciudadanos que viven habitualmente en la península sigan disfrutando del descuento de forma irregular.
El informe recomienda al Gobierno una intervención inmediata para garantizar la sostenibilidad del modelo. Entre las propuestas destacan el establecimiento de una tarifa máxima bonificable por trayecto, limitar el número de viajes anuales por persona o vincular la ayuda al nivel de renta del beneficiario. El Tribunal de Cuentas es especialmente tajante con las categorías de «lujo» o superiores, sugiriendo su exclusión directa del sistema de ayudas para evitar que el erario público financie servicios de valor añadido que nada tienen que ver con la necesidad básica de transporte.
El descontrol también alcanza a la relación con las navieras. La fiscalización ha detectado un «control insuficiente» sobre las tarifas máximas pactadas en los contratos de servicio público, lo que ha derivado en un exceso de bonificaciones pagadas indebidamente. Como consecuencia, la DGMM ya ha incoado expedientes de reintegro a dos compañías por un valor de 1,14 millones de euros correspondientes a más de 331.000 embarques. Este escenario de revisiones de oficio y posibles reclamaciones de ejercicios anteriores marca el inicio de un endurecimiento administrativo que busca acabar con la opacidad en las liquidaciones del sector.
