Las cifras brutas de recaudación tributaria suelen funcionar como un sedante político para ocultar debilidades estructurales subyacentes. El Impuesto sobre Combustibles derivados del Petróleo (IC) en Canarias, cuya recaudación líquida acumulada se situó en 337 millones de euros al cierre de diciembre de 2025, es el último ejemplo de cómo la inercia regulatoria enmascara un panorama de agotamiento fiscal. El crecimiento nominal acumulado del 4,13% respecto a 2024, sumado a los avances del 6,38% y 12,17% registrados en los ejercicios 2023 y 2022 de forma respectiva, proyecta una falsa sensación de robustez que se desmorona por completo al eliminar las distorsiones de las ayudas públicas.
La introducción del ajuste necesario para corregir el impacto de la Orden de 25 de marzo de 2022 —que elevó la devolución parcial del impuesto a agricultores y transportistas hasta el 99,9% de la cuota entre marzo de 2022 y diciembre de 2023— saca a la luz la verdadera tendencia contractiva del tributo. Al recalcular los ingresos homogéneos netos de devoluciones, el supuesto dinamismo de la recaudación acumulada a diciembre de 2025 sufre un severo recorte analítico, mostrando un crecimiento real anémico del 0,35% respecto a 2023 y un modesto 7,08% frente a 2022. La toxicidad del dato se agrava al revisar el comportamiento homogéneo de 2024, periodo en el que la recaudación líquida real no solo se estancó, sino que sufrió una caída neta del 3,63% en comparación con el año anterior.
La evolución mensual del impuesto confirma este sesgo de desaceleración en el tramo final del ejercicio. Aunque la recaudación bruta de diciembre de 2025 alcanzó los 29,8 millones de euros, ubicándose en la parte alta de la horquilla habitual de 25-30 millones, los términos homogéneos vuelven a rebajar el optimismo del Ejecutivo regional. El crecimiento real de ese mes frente a los diciembres de 2023 y 2022 se contrajo hasta el 7% y el 7,93% respectivamente, porcentajes significativamente inferiores a las tasas nominales del 13,29% y 10,90% publicitadas originalmente. Incluso la recaudación de diciembre de 2024 vio recortado su avance real a un tímido 2,34% frente al 8,36% bruto, evidenciando que el consumo subyacente pierde tracción.
Erosión normativa y duplicidad de subsidios
El deterioro de la capacidad de ingresos del archipiélago se ve presionado por las sucesivas modificaciones legales orientadas a minorar la carga impositiva de los sectores productivos. La creación del nuevo epígrafe 2.2 a partir del 1 de enero de 2024, introducida mediante la disposición final octava de la Ley 7/2023 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, fijó una tributación reducida de apenas 90 euros para los gasóleos de uso industrial, frente a los 222 euros del tipo general. Esta rebaja fiscal estructural debilita de forma permanente el potencial recaudatorio del gravamen a largo plazo, limitando los recursos disponibles en un contexto de creciente exigencia presupuestaria.
El escenario financiero se complica a partir del 1 de febrero de 2025 con la entrada en vigor de la compatibilidad entre la bonificación extraordinaria sobre el precio de venta minorista del refino y la devolución parcial del IC. Al permitir que agricultores y transportistas acumulen ambos beneficios en lugar de tener que optar por uno de ellos, el marco regulatorio incrementa la presión de gasto indirecto sobre las arcas públicas. Aunque técnicamente la bonificación minorista no detrae fondos directos de la recaudación del impuesto, la coexistencia de ambos subsidios subvenciona de forma artificial un modelo de consumo fósil altamente vulnerable.
La inmunidad de este tributo frente a la inflación introduce el elemento de mayor preocupación para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Al tratarse de un impuesto especial específico que grava de forma fija los litros de combustible entregados al por mayor, y no de una tasa ad-valorem vinculada al precio de mercado, la subida generalizada de los precios no incrementa la recaudación. Las tensiones inflacionistas encarecen los costes de los servicios públicos que debe financiar la administración canaria, pero los ingresos del IC permanecen estancados y ligados de forma exclusiva al volumen de litros comercializados. Esta rigidez impositiva reduce el valor real del dinero recaudado, atrapando la fiscalidad energética de las islas en una pinza de menor consumo real y menor poder adquisitivo institucional.
