La competitividad de los nodos logísticos en el Atlántico se mide por su capacidad para ofrecer flujos de mercancías ininterrumpidos sin penalizar los márgenes del comercio internacional. El reciente acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en su sesión del 27 de abril de 2026 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de mayo de 2026, expone las costuras de un modelo portuario condicionado por los costes fijos de su propia estructura. Al autorizar la ampliación horaria del Centro de Inspección Portuaria (CIP) a domingos y festivos, el organismo público presidido por Pedro Suárez impone un severo blindaje tarifario que traslada de forma íntegra los costes operativos de la apertura dominical sobre los operadores privados, encareciendo el paso de mercancías por el archipiélago canario.
Frente a los puertos internacionales que absorben los costes de apertura para dinamizar sus muelles, Tenerife opta por una estrategia de repercusión directa que desincentiva las cadenas de suministro en fines de semana. La obligatoriedad de abonar un recargo de 30 euros por cada unidad documental tramitada en festivos, sumada a la penalización por cancelaciones imprevistas, confirma que la Autoridad Portuaria prioriza la sostenibilidad presupuestaria de su concesionaria por encima de la competitividad de las islas en las rutas de transporte marítimo.
El nuevo esquema arancelario, justificado formalmente bajo el principio de asegurar la viabilidad económica del servicio adjudicado mediante concesión, desvela una penalización sistemática a la flexibilidad logística. La ampliación del horario para domingos y festivos, fijada desde las 8:30 hasta las 15:00 horas (salvando únicamente los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero), introduce una agresiva reconfiguración del apartado de recargos contemplado en la prescripción 16ª del pliego de condiciones particulares. La reforma mantiene el recargo del 75% sobre la tarifa base de las inspecciones físicas en jornadas festivas, pero añade gravámenes inéditos que encarecen el simple trámite documental.
El elemento más tóxico de la resolución radica en el establecimiento de un suelo de facturación obligatorio por cada jornada de apertura en fin de semana. La Autoridad Portuaria ha fijado un importe mínimo de facturación de 1.935 euros por jornada dominical o festiva para sufragar los gastos derivados de personal, guardias del servicio técnico informático (IT), limpieza, suministro eléctrico y apertura de las instalaciones. Si la facturación obtenida a través de las tarifas ordinarias no alcanza dicho umbral de 1.935 euros, la diferencia se prorrateará de forma obligatoria y proporcional entre todos los operadores económicos que hayan hecho uso del centro durante esa mañana, inyectando un factor de total incertidumbre en los costes de despacho aduanero.
La nueva estructura tarifaria penaliza con extrema dureza la flexibilidad operativa de los transitarios y consignatarios mediante una severa escala de penalizaciones por cancelación. Las anulaciones de solicitudes realizadas con menos de 18 horas de antelación respecto a la apertura dominical obligarán a pagar el 100% de la facturación mínima proporcional calculada sobre el suelo de 1.935 euros. Si la cancelación ocurre en la ventana de entre 18 y 24 horas previas, los operadores deberán abonar la totalidad de la tarifa ordinaria con el recargo del 75%. El control punitivo se extiende también a la operativa semanal, fijando un recargo fijo de 100 euros por cada solicitud de inspección anulada de lunes a sábado con menos de 24 horas de aviso.
