Detalla Puertos y Navieras esta semana una verdad con toda la lógica: El Congreso Nacional Portuario en Valencia se despliega como un simulacro obsceno de vitalidad, una sucesión de photocalls y canapés donde la fanfarria turística oculta el vacío de una institución que ya solo aspira a su propia inercia. En el centro de este teatro de sombras emerge Gustavo Santana, un Moái de Pascua tallado en la cuota canaria de Óscar Puente, cuyo único mérito es un hieratismo imperturbable que le permite negar, con una semisonrisa de mármol, la demolición controlada del sistema estatal.
Mientras los pasillos de los hoteles de lujo vibran con el rumor de las enmiendas de ERC, Junts y el PNV —esa bomba de relojería que busca transformar los puertos en un «Ibex portuario» libre de la vigilancia de la IGAE y de los informes vinculantes—, Santana permanece congelado, ajeno al putsch que se fragua en el Congreso de los Diputados. Es la victoria definitiva del turismo institucional sobre la política real: un mundo donde tipos como Carbonell ríen al último y el «buenismo» estratégico de Rodríguez Dapena, integrante del consejo del Puertos de Las Palmas, se disuelve en el tufo privatizador que seduce tanto a los Nadal boys como a una izquierda despistada, mientras la soberanía portuaria se fragmenta en sociedades mercantiles listas para jugar al Monopoly con el espacio público, todo ello bajo el radar de una sociedad demasiado cansada para notar que le están robando el horizonte.
En el pasado Foro de la Nueva Economía, Gustavo Santana, «ese Moái de la cuota canaria, ha perfeccionado el arte de la inexistencia. Al ser interrogado sobre la autonomía portuaria, respondió con la placidez de un busto de piedra que no ha notado presión alguna, «salvo casos puntuales». Para Puertos y Navieras, lo que ocurre es una mentira técnica, una cortina de humo que flota sobre el desierto administrativo. Desde el 4 de diciembre, las enmiendas 106, 135 y 193 —firmadas con precisión quirúrgica por ERC, Junts y el PNV— descansan en el Boletín Oficial de las Cortes Generales como una sentencia de muerte para el sistema estatal.
Santana finge que nada ha pasado bajo su radar, pero el texto es explícito: se exige una «autonomía especial» para Barcelona, Bilbao o Tarragona, que los dotaría de un estatuto propio donde los informes de Puertos del Estado pasarían a ser meras sugerencias «potestativas y no vinculantes». «El plan es un asalto a la gestión total: capacidad para jugar al Monopoly bursátil con sociedades mercantiles, libertad para invertir sin el permiso del Consejo de Ministros y la eliminación de las «señoritas de la IGAE» y sus molestos controles fiscales. Mientras Santana cultiva su hieratismo pascual, el sistema portuario español se fragmenta en un Ibex periférico de «pelotazos» urbanísticos y autarquía financiera, un proceso de descomposición que él prefiere no sentir ni padecer, mientras el Congreso de los Diputados liquida, párrafo a párrafo, la última brizna de unidad administrativa que nos quedaba«.
