Es el sentido común por tratarse de un agujero negro de seguridad nacional. El puerto de Granadilla se enfrenta a una parálisis administrativa sin precedentes debido a la alergia que los aerogeneradores provocan en el estamento militar. El principal escollo es técnico y físico: Los molinos que se podrian proyectarse para el sur de Tenerife actuarían como muros electromagnéticos. Expertos en defensa consultados por Canarymaritime advierten que el movimiento de estas estructuras genera un ruido de radar (clutter) que incapacita al Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA 22) para detectar amenazas de baja cota.
El argumento de la seguridad no es una excusa, es una realidad física. Los molinos gigantes proyectados actuarían como muros electromagnéticos. En un momento de máxima tensión en el flanco sur y el Sahel, permitir que drones o aeronaves no identificadas se «escondan» tras la sombra de estos gigantes es una irresponsabilidad. «¿Estamos dispuestos a perder nuestra capacidad de detección temprana por unos megavatios que encarecerán la infraestructura? La OTAN ya ha marcado la línea roja: la nitidez del cielo canario no se negocia», señala un experto del sector proveedor de servicios de defensa. La eólica marina amenaza con convertir un puerto clave para los Aliados como Granadilla en una zona de exclusión militar. La paradoja es que afectaría a la llegada de buques norteamericanos y del resto de la OTAN en un entorno como el canal entre islas.
A todo ello, hay que añadir que la vibración de baja frecuencia de las turbinas crea una «capa de invisibilidad acústica» en el lecho marino. Esto anula los hidrófonos que detectan submarinos extranjeros en el corredor canario. Además, plantar estas estructuras sobre los cables de fibra óptica submarinos es ponerle una alfombra roja al sabotaje o al espionaje internacional bajo el disfraz de «mantenimiento eólico».
Y esto sin hablar de la ocupación de espacio de agua que limita el radio de giro para buques de gran calado, incluyendo unidades navales de respuesta rápida que requieran atraque de emergencia. La ubicación de Granadilla sitúa los parques en la línea de visión directa de los sensores de control del tráfico aéreo civil y militar, lo que obligaría a Defensa a emitir una Declaración de Zona de Exclusión, invalidando la rentabilidad de las parcelas marítimas solicitadas. «Un dron o una aeronave no identificada proveniente del continente africano podría ‘esconderse’ en la sombra de los molinos de cierta dimensión y entrar en el espacio aéreo canario sin ser detectado», aseguran fuentes del sector. En la OTAN, en un contexto de máxima tensión en el flanco sur y el Sahel, perder nitidez en el radar de Tenerife es una línea roja que no están dispuestos a cruzar.
Invisibilidad acústica
Pero el riesgo no solo está en el aire porque la vibración de baja frecuencia que transmiten las cimentaciones de las turbinas (aunque sean flotates) al lecho marino crea una «capa de invisibilidad acústica». Este ruido constante anula los hidrófonos (sonares pasivos) que la Alianza Atlántica utiliza para monitorizar el paso de submarinos extranjeros por el estratégico corredor canario.
Granadilla, además, es un nodo crítico de cables de fibra óptica submarinos. La instalación de un parque eólico encima de estas «arterias de datos» facilitaría, según los analistas, operaciones de sabotaje o espionaje submarino que quedarían camufladas por la actividad industrial del parque.
La procedencia de la tecnología y el software de control de las turbinas (muchas veces de fabricación extracomunitaria) también preocupa en Bruselas. La OTAN exigirá que los puertos que manejan energía crítica tengan protocolos de grado militar. El dilema para Granadilla es claro: o se convierte en un búnker militarizado perdiendo agilidad comercial, o renuncia a los molinos para mantener su operatividad logística.
La incertidumbre sobre si Defensa emitirá un informe desfavorable provocará que varias promotoras financieras congelen sus planes en la isla. El Ejército puede ordenar apagar en cualquier momento por razones de seguridad nacional, afirma un consultor de riesgos. Hay soluciones técnicas como radares de relleno (gap-fillers) o pinturas de tecnología sigilo para las palas cuyo coste podría disparar el presupuesto del proyecto, haciéndolo inviable.
La viabilidad del proyecto choca frontalmente con el Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas, que otorga al Ministerio de Defensa la potestad vinculante para vetar cualquier estructura que degrade la señal de radares estratégicos como el EVA 22. A esta limitación técnica se suma el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (ESN 2023) y las nuevas directrices de la Célula de Coordinación de la OTAN para Infraestructuras Submarinas Críticas. Al ser Granadilla un Puerto de Interés General del Estado, su operatividad logística y su papel como nodo de cables de datos intercontinentales están supeditados por ley a la defensa del territorio. En este escenario, la normativa internacional de protección de comunicaciones aliadas prevalece sobre las concesiones administrativas, dejando a las promotoras eólicas en un limbo legal de difícil salida.
