La política canaria ha entrado en una fase de combustión interna por la gestión de la crisis sanitaria del buque MV Hondius. El Partido Socialista de Tenerife ha lanzado una ofensiva dialéctica contra el Ejecutivo regional, acusando directamente al presidente Fernando Clavijo y a la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, de instrumentalizar el brote de hantavirus para obtener réditos electorales. La secretaria general de los socialistas en la isla, Tamara Raya, ha calificado de «profundamente irresponsable» la estrategia de Coalición Canaria, a la que acusa de sustituir la evidencia científica por un discurso basado en la alarma social y el rechazo.
El núcleo del conflicto reside en la interpretación de los protocolos internacionales. Mientras el Gobierno de Canarias presenta la llegada del crucero como una imposición arbitraria de Madrid, el PSOE subraya que la operación responde a una petición formal de la Organización Mundial de la Salud. El organismo internacional ha solicitado la colaboración de España ante la incapacidad logística de Cabo Verde para contener el brote. Según la formación socialista, el desembarco controlado en el puerto de Granadilla es la única salida viable para evitar un desastre epidemiológico y humanitario a bordo, siguiendo el Reglamento Sanitario Internacional.
La retórica del miedo se ha convertido en el principal campo de batalla. Raya sostiene que convertir una emergencia de salud pública en una campaña de confrontación institucional daña la imagen exterior de Canarias, un territorio que depende críticamente de su reputación de seguridad. La dirigente socialista ha recordado que el propio director general de la OMS ha defendido el desembarco por razones médicas y psicológicas, advirtiendo que el confinamiento prolongado en el buque solo multiplica los riesgos para la tripulación y los pasajeros.
La elección de Granadilla como punto de llegada también genera fricciones. El PSOE defiende que esta instalación reúne las condiciones operativas necesarias para garantizar un aislamiento efectivo y una atención segura. Frente a las previsiones de «graves dificultades» lanzadas por el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, los socialistas insisten en que la infraestructura estatal está preparada. El argumento ministerial es nítido: no se trata de una decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez, sino de una obligación vinculante dictada por las autoridades sanitarias globales que las instituciones locales deben acatar con serenidad.
El enfrentamiento revela una fractura profunda en la lealtad institucional en las islas. El ministro Ángel Víctor Torres ha lamentado el «politiqueo» de Coalición Canaria en un asunto de seguridad nacional, mientras que Tamara Raya concluye que los nacionalistas han optado por enfrentar a la población con los enfermos en lugar de colaborar con los expertos. En este escenario, la llegada del buque el próximo domingo se perfila no solo como un reto sanitario, sino como la prueba definitiva de la capacidad de coordinación entre el Estado y una autonomía que ha decidido convertir el muelle en una trinchera política.
