El Ministerio del Interior ha oficializado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden INT/1069/2026, por la que se aprueba la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos. La disposición actualiza el marco normativo nacional vigente desde 1995 y otorga un papel protagónico a las infraestructuras de transporte y transporte pesada, situando al Puerto de Santa Cruz de Tenerife como un nodo neurálgico de apoyo operativo, soporte logístico y evacuación en caso de emergencias sísmicas en el archipiélago.
La norma legal reconoce expresamente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife dentro de los territorios nacionales con niveles de peligrosidad sísmica sujetos a planificación especial obligatoria. En el marco del nuevo texto, el puerto chicharrero queda categorizado dentro del mapa de infraestructuras críticas que deben adaptar sus planes de autoprotección a requerimientos sismorresistentes reforzados, garantizando la continuidad operativa de los servicios esenciales y la cadena de suministros ante cualquier eventualidad geológica.
El nuevo marco regulatorio subraya la necesidad de que los planes especiales autonómicos e instalaciones portuarias garanticen la operatividad de los muelles para la recepción de ayuda humanitaria, el despliegue de unidades de intervención del Sistema Nacional de Protección Civil y la eventual evacuación de personas. Las dásenas del Puerto de Santa Cruz de Tenerife —por su capacidad de atraque, superficie logística e interconexión marítima— quedan definidas como plataformas estratégicas para sostener la logística pesada y el flujo de recursos de socorro en supuestos de sismos importantes que puedan afectar a la red insular.
La directriz aprobada por el Consejo de Ministros impone la revisión y adecuación de las instalaciones portuarias bajo los criterios de la normativa sismorresistente para edificaciones e infraestructuras de especial importancia, como es el caso de terminales de pasajeros, centros de control de tráfico marítimo y depósitos de almacenamiento de combustibles o mercancías peligrosas. Asimismo, el texto enfatiza la necesidad de contemplar escenarios de riesgo compuesto o en cascada, como maremotos o deslizamientos del terreno, optimizando los sistemas de alerta temprana e integración de datos sismológicos.
Coordinación interadministrativa y planes de actuación local
La entrada en vigor de la Directriz Básica obliga a las autoridades competentes en Canarias a actualizar sus Planes Especiales de Protección Civil, armonizando las capacidades operativas de la Autoridad Portuaria con la estructura de respuesta de las administraciones locales y autonómicas. El mandato ministerial exige articular protocolos específicos para la protección del personal portuario, la seguridad de los buques en escala y la salvaguarda de mercancías críticas.
La consolidación del Puerto de Santa Cruz de Tenerife dentro del mapa estatal de protección ante el riesgo de terremotos garantiza la preparación de los muelles ante contingencias extraordinarias, asegurando que el principal nodo de conectividad marítima de la provincia occidental mantenga su operatividad logística de forma ininterrumpida frente a cualquier evento sísmico regional.
