La proyectada toma de control del 45% de las terminales de Boluda Maritime Terminals (BMT) por parte de la empresa estatal marroquí Marsa Maroc ha quedado suspendida en un limbo político y administrativo por las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Lo que en su origen se presentó desde la corporación naviera como un acuerdo comercial cerrado al cierre de 2025 encalla hoy ante una triple muralla: el rechazo institucional unánime de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, las tensiones diplomáticas con Rabat acentuadas por la crisis en Ceuta y el adelanto de las elecciones generales de noviembre de 2026, que congela la capacidad decisoria del Ejecutivo central.
La ofensiva insular: un ‘Caballo de Troya’ en infraestructuras críticas
El frente autonómico contra la operación ha alcanzado una dimensión institucional sin precedentes. El Cabildo de Tenerife ha exigido de forma tajante al Gobierno de España que paralice la autorización de la transacción mientras no exista una evaluación exhaustiva sobre sus impactos en la competencia, la capacidad logística y el empleo local. La corporación tinerfeña advierte del riesgo directo de que el control marroquí sobre las terminales insulares derive en un desvío de tráfico de contenedores e inversiones hacia los recintos portuarios del reino alauí.
En Gran Canaria, el presidente insular Antonio Morales ha ido más lejos al calificar la entrada del capital público alauí en el grupo Boluda como un verdadero «caballo de Troya» para la soberanía operativa del Archipiélago y la seguridad del Estado. Morales ha confirmado que la operación —que no ha sido sometida a deliberación en los consejos de administración de las Autoridades Portuarias de Las Palmas ni de Santa Cruz de Tenerife— se halla paralizada en la Junta de Inversiones Exteriores tras la demanda interpuesta desde las islas.
Para las instituciones insulares, la maniobra de Marsa Maroc no es un movimiento aislado, sino un eslabón dentro de una estrategia geoeconómica coordinada con el desarrollo del macropuerto de Dakhla Atlantique (1.300 millones de euros de inversión en el Sáhara Occidental), diseñado para replicar la hegemonía de Tánger Med y restar centralidad al hub logístico canario.
La parálisis del 29-N y la crisis de Ceuta congelan el dictamen
El expediente, que requiere la autorización preceptiva del Consejo de Ministros bajo la normativa de control de inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos (Real Decreto-ley 8/2020), ha quedado sepultado por el calendario político. La convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 activa el régimen de gestión ordinaria para el Gobierno, limitando legalmente la aprobación de acuerdos de alto impacto geopolítico o la cesión de infraestructuras de dominio público de esta magnitud.
A esta traba legal se suma la alta sensibilidad en las relaciones con Rabat tras el repunte de tensión en Ceuta y los debates en la trastienda política nacional. La operación sobre el capital de Boluda —cuya corporación cuenta con conexiones en el mapa político e industrial entre España y el norte de África— afronta un escrutinio reforzado en los ministerios de Defensa, Interior y Transportes, donde prima el criterio de prudencia antes de conceder a una firma semipública marroquí una cuota de control sobre la cadena de suministros del Atlántico Medio.
Un choque de intereses empresariales en las terminales del Archipiélago
El contencioso ha fracturado a la comunidad portuaria canaria. Mientras la patronal Fedeport —donde se integran directivos del grupo naviero— ha mantenido una postura alineada con la transacción, entidades como la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Oneport), Asocelpa y colectivos empresariales de Lanzarote y Fuerteventura respaldan los recelos de las instituciones insulares.
Con la revisión congelada en la Junta de Inversiones Exteriores y las Cortes disueltas de cara a la cita electoral de noviembre, la compra de las terminales de Boluda queda expuesta al tablero defensivo y diplomático de la próxima legislatura, supeditada a si el nuevo Ejecutivo prioriza la libertad de flujo de capitales o la protección estricta de las infraestructuras críticas del Flanco Sur.
