La presencia continuada de la representación empresarial de Boluda Maritime Terminals en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a cuenta de la patronal de sus socios de Astican, es decir, Fedeport, se ha convertido en el centro de una tormenta geopolítica sobre la gobernanza de las infraestructuras críticas en Canarias. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha criticado que el empleado, residente en la Península, sea el portavoz de una patronal en el centro de poder portuario de Las Palmas cuando una de sus empresas está siendo analizada por la venta del 45% de su capital al Reino de Marruecos.
A su juicio, por razones de seguridad dado que está negociando la venta de la empresa a un Estado extranjero con intereses geopolíticos debería meditarse, al menos, ese dato para instar a una salida. Y es que una empresa en venta por ejemplo, aunque no lo ha dicho Morales, está participando en un aumento de tarifas cuenta con el músculo financiero de su grupo empresarial y de un Estado soberano extranjero pendiente de formalismos para hacerse con parte del negiocio del tráfico marítimo y de la información sensible que pasa por los buques de Canarias.
Se trata de la la transacción que prevé ceder el 45% de la filial a la empresa pública estatal Marsa Maroc coloca al capital público marroquí dentro del órgano rector que delibera y decide sobre la seguridad, las tarifas y la planificación estratégica del Puerto de La Luz. La anomalía institucional fue señalada en primera instancia por el presidente del Cabildo de Gran Canari en Canarias7 el martes pasado, quien ya en enero de 2026 solicitó formalmente al Ministerio de Industria someter la transacción al régimen de control de inversiones extranjeras con el objetivo de condicionarla o desautorizarla. Morales fundamentó su rechazo en el impacto directo sobre una infraestructura vital para el abastecimiento del archipiélago: «No nos olvidemos de que esta empresa tiene un puesto de representación empresarial en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas».
El silencio administrativo de Gran Canaria frente al frente en Tenerife
Pese a la advertencia lanzada desde la corporación insular grancanaria, el expediente ha transitado durante nueve meses en medio de un acusado perfil bajo por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Su presidenta, Beatriz Calzada, declinó pronunciarse enérgicamente contra la venta en diciembre pasado, manifestando su confianza en que la alianza empresarial no perjudicaría la competitividad regional. Esta postura de equidistancia, compartida por las patronales portuarias del Régimen del 78 y los sindicatos de estibadores, contrasta con el giro político que acaba de escenificarse en la isla vecina.
El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado una moción institucional promovida por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) para instar al Gobierno de España a bloquear de inmediato la operación. La resolución tinerfeña advierte sobre el «riesgo de desvío de tráfico marítimo y de actividad económica hacia puertos marroquíes competidores», alineándose con las cautelas que Gran Canaria planteó a principios de año pero que no lograron traducirse en un bloque unitario dentro de su propia isla.
Conflicto de intereses en el órgano rector de La Luz
La permanencia de la representación de Boluda en el consejo de administración de Las Palmas sitúa a la Autoridad Portuaria ante un dilema de seguridad operativa. Marsa Maroc no actúa como un mero inversor financiero, sino como un brazo logístico del Estado marroquí involucrado en la rediseñada estrategia del Atlántico Medio, apoyada en megaproyectos como Tánger Med, Nador West Med y la futura dársena de Dajla.
Morales ha criticado la falta de coherencia en las filas de las fuerzas políticas que gobiernan en Tenerife y permanecen en silencio en Gran Canaria: «Si CC y PP consideran ahora, en Tenerife, que la entrada de Marsa Maroc merece una evaluación específica por sus posibles efectos sobre los puertos, la competencia y los tráficos marítimos, sería razonable preguntar por qué esa misma preocupación no ha tenido una expresión equivalente en Gran Canaria. No se trata de apoyar al presidente del Cabildo; se trata de defender el Puerto de La Luz».
Inspección estatal y la urgencia de una respuesta autonómica
El expediente se encuentra bajo el examen de los servicios de inspección del Ministerio de Industria y del Ministerio de Economía, que han mantenido encuentros de trabajo con representantes insulares para verificar si la toma del 45% de BMT vulnera el escudo de protección sobre activos estratégicos. El Congreso de los Diputados acumula asimismo diversas iniciativas de control sobre los mecanismos de fiscalización aplicados a la transacción.
El debate supera la escala insular para interrogar la política portuaria de Canarias en un escenario internacional convulso, marcado por los compromisos del Pacto de Abraham y la reorganización de corredores marítimos entre Europa y África. La presencia de consejeros vinculados a un operador estatal extranjero en la mesa donde se decide el futuro del Puerto de La Luz exige una posición autonómica clara y una resolución estatal definitiva que impida dilaciones en la protección del nodo logístico canario.
