La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha formalizado la autorización administrativa para la planta de emergencia de Sampol I. y O. Canarias, S.L. en el Puerto de Santa Cruz, resolviendo un expediente (GE25/002) que es, en la práctica, la ejecución técnica de la Orden TED/909/2025. Esto es lo que este miércoles 11 de febrero de 2026 ya publica el BOC.
La ubicación final en la Parcela B responde a los requerimientos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que ha impuesto la certificación ISO 14001 y la monitorización continua de ruido y campos magnéticos. Es una pieza de ingeniería de choque: combustible fósil y tecnología de post-tratamiento de gases para sostener una frecuencia de red que el sistema Tenerife ya no puede garantizar por sí solo.
Esta planta, con una potencia nominal de 18 MW, actúa como una unidad de respuesta rápida frente al déficit de cobertura identificado por el Operador del Sistema. La infraestructura se acoge al régimen retributivo extraordinario garantizado por el Ministerio para la Transición Ecológica por un periodo inicial de tres años, o hasta la entrada en servicio de la potencia resultante de los concursos de concurrencia competitiva.
Es un rescate
El negocio de los 18 MW en el Puerto de Santa Cruz no es una inversión, es un rescate. Para que Sampol mueva un solo dedo, el Ministerio tiene que reconocerle una retribución que cubra un CAPEX de instalación que, en plantas de emergencia similares, ronda los 800.000 euros por megavatio instalado. Estamos hablando de que la puesta en marcha de estos fierros le cuesta al sistema eléctrico una inversión inicial de aproximadamente 14.400.000 euros, solo por el despliegue de los diez grupos, la subestación de 66 kV y el tendido de cables de 630 mm² bajo el asfalto de la Dársena Pesquera.
Sampol ha negociado que el grueso de esos 14,4 millones de euros de inversión se recuperen en el ciclo de vida de la emergencia (3 años). Eso significa que el sistema eléctrico está inyectando casi 5.000.000 euros al año solo para pagar los equipos, independientemente de si funcionan o no. Es un negocio redondo donde el riesgo de mercado es cero: el único riesgo es el administrativo (que un juez tumbe la autorización por el ruido) o el técnico (que los SCR fallen y Salud Pública precinte la planta). Fuera de eso, Sampol ha alquilado sus grupos electrógenos al Estado por un precio que cualquier empresa de renting envidiaría.
Dique del Este
La configuración electromecánica se basa en un esquema de generación distribuida de diez grupos electrógenos trifásicos (2.295 kVA/unidad) con salida en baja tensión (400/230 V). El diseño de evacuación contempla una doble etapa de transformación: una primera fase de 0,4 a 20 kV mediante diez centros de transformación dedicados, y una etapa final de elevación a 66 kV en un transformador de potencia de 25 MVA (ONAN). La interconexión con la red de transporte se realizará en la subestación Dique del Este a través de un circuito simple con conductores de 630 mm², proyectado bajo el viario de la Dársena Pesquera.
Podemos
La resolución ha tenido que sortear una oposición técnica significativa en el trámite de alegaciones como la de Nohemí Santana (Unidas Podemos), centrada en la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Sin embargo, la Administración ha validado el procedimiento de evaluación simplificada alegando la provisionalidad de los grupos y la urgencia derivada del Decreto 186/2025. Para neutralizar el impacto de las emisiones de NOx, la planta integrará obligatoriamente sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR), condicionados a un régimen de funcionamiento estrictamente acotado entre las 500 y 1.000 horas anuales. Cualquier desviación de este despacho de carga obligará a una nueva revisión del impacto en salud pública.
En el plano del planeamiento, la planta se ha impuesto mediante la declaración de interés general, lo que permite la alteración automática del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife.
Noticia escrita por Raquel Molina. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
