Adiós al disparate, de momento. La implantación de la central flotante de generación eléctrica de 125 megavatios (MW) proyectada por la multinacional turca Karadeniz Holding, bajo la marca Karpowership, entra en una fase de parálisis técnica y política que aleja su ejecución material. A pesar de la ofensiva institucional desplegada por los emisarios de la corporación ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria, el consenso técnico y político en el archipiélago se encamina a disolver la viabilidad del proyecto de emergencia, descartando cualquier autorización ejecutiva al menos hasta que se superen las elecciones municipales.
El precedente de Totisa y el filtro sanitario
La viabilidad jurídica del buque choca directamente con los precedentes en materia de salud pública y autorizaciones ambientales en el recinto portuario. Los técnicos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias evalúan el expediente bajo el riguroso filtro de los antecedentes de Totisa Holding, firma cuyo proyecto de generación con gas en el muelle fue rechazado tras emitir Salud Pública un dictamen desfavorable por la dispersión de emisiones contaminantes en las inmediaciones del núcleo urbano de La Isleta. Las seis chimeneas del buque de la clase Shark, diseñadas para la combustión de derivados del petróleo como fueloil o gasóleo, presentan un escenario de emisiones incompatible con las directrices sanitarias autonómicas, lo que anticipa un bloqueo administrativo idéntico por parte de las autoridades de inspección médica.
Cálculo electoral y rechazo de Nueva Canarias
El calendario político añade un factor de bloqueo estratégico al expediente. El Gobierno regional de Coalición Canaria y sus socios de gestión evitan asumir el coste electoral que supondría autorizar la instalación de una infraestructura de combustión fósil de gran envergadura a escasos metros de la población residencial antes de los comicios locales. El rechazo frontal de Nueva Canarias, partido liderado en la isla por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, incrementa la temperatura política. La formación califica la opción turca de parche contaminante y retroceso en el proceso de descarbonización insular, lo que convierte la votación de la licencia en un riesgo político inasumible para el consejo de administración del puerto en el corto plazo.
El impacto en la línea de atraque comercial
La Autoridad Portuaria de Las Palmas mantiene una posición de extrema cautela ante el impacto económico directo de la operación sobre la actividad comercial ordinaria. El amarre o fondeo interior de la central flotante en la Dársena de África restaría de forma inmediata entre 162 y 200 metros de línea de atraque comercial durante un periodo mínimo de cinco años. La patronal portuaria y el equipo técnico de la presidenta de la institución, Beatriz Calzada, rechazan de plano sacrificar de manera indefinida la operativa logística y la línea de negocio de las empresas consignatarias para dar cabida a una infraestructura energética que genera fuertes dudas de seguridad.
La soberanía del consejo de administración
La Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Hernández Zapata, defiende el buque-central amparándose en los informes de Red Eléctrica de España que advierten del riesgo de un cero energético en Gran Canaria por la obsolescencia de las plantas terrestres de Jinámar y Barranco de Tirajana. Sin embargo, la última palabra corresponde de manera soberana al Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas. Sin su voto favorable, el proyecto carecía de cobertura legal para su implantación. El rechazo de los vecinos de La Isleta, sumado a la previsible oposición de Salud Pública y a la conveniencia de posponer la resolución definitiva más allá de las elecciones locales, aboca la solución flotante turca a un bloqueo técnico definitivo.
