Pablo Nieto ha abandonado su cargo al frente de la Autoridad Portuaria tras salir a la luz sus conexiones societarias y de domicilio social con las firmas excluidas por oferta anormalmente baja en un contrato público de 1,9 millones de euros. La dimisión fulminante del director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pablo Zósimo Nieto Sanz, aludiendo a «motivos personales», ha sacudido la cúpula directiva del recinto insular. El cese del ingeniero de caminos, en el cargo desde febrero de 2024 y sustituido por Enrique García-Arroba, se ha producido apenas una semana después de que informaciones periodísticas y la reconstrucción realizada por ‘Atlántico Hoy’ añade una sociedad más a un entramado de conexiones societarias entre el exdirector y los propietarios de una oferta rechazada en el puerto de Granadilla.
Según ha informado ‘Atlántico Hoy’ tras una «reconstrucción de los hechos a través de diferentes asientos del Registro Mercantil y documentación de la Plataforma de Contratación del Estado y la Autoridad Portuaria», el origen del conflicto de intereses se sitúa en la oficina número 13 de la primera planta del edificio Hamilton, en el paseo Milicias de Garachico de la capital tinerfeña. En esa dirección figura domiciliada desde 2016 la sociedad Gesproytec Ingeniería Civil y Comunicaciones SL, propiedad de Nieto y en proceso de liquidación desde agosto de 2020, aunque no figura en su currículum oficial.
En ese mismo espacio físico coincidieron desde 2019 diversas mercantiles vinculadas a proyectos de obra pública. Entre los empresarios que compartieron esa sede figuran José Fernando del Tiempo Matanzo —propietario de Contratas y Servicios Bahillo SL, AMC Construcciones y Contratas 2014 SL, Voescanarias SL y EXCAN— y José Andrés Román Solórzano, dueño de Birris SL y antiguo apoderado de FCC Construcciones, donde coincidió profesionalmente con Nieto. Román Solórzano asumió posteriormente cargos ejecutivos en el grupo de Del Tiempo como apoderado de Bahillo desde 2022 y administrador mancomunado en AMC Construcciones y EXCAN.
La trama cobró dimensión pública durante el proceso de licitación para el acondicionamiento de la explanada provisional en la fase 2 del puerto de Granadilla, un proyecto presupuestado en 1,9 millones de euros. Nieto firmó el 13 de enero de 2025 la memoria justificativa del proyecto y fue designado formalmente presidente de la mesa de contratación del expediente. A la licitación concurrió una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por tres sociedades controladas por Del Tiempo y vinculadas profesionalmente a Román Solórzano: Contratas y Servicios Bahillo, AMC Construcciones y Voescanarias, todas domiciliadas en la citada oficina 13.
Como subraya ‘Atlántico Hoy'»‘, «ninguna de las actas de este proceso recoge que Nieto se abstuviera o inhibiese formalmente del proceso por un posible conflicto de intereses«. Pese a que Nieto no asistió a las sesiones de la mesa de contratación y delegó la firma de las actas en su suplente, Javier Ignacio Mora Quintero, el expediente público revela que Nieto «seguía siendo el presidente de la mesa» formal durante todo el procedimiento.
El procedimiento comercial concluyó con la exclusión técnica de la oferta vinculada a la red societaria del edificio Hamilton. La UTE de Bahillo, AMC y Voescanarias presentó una propuesta de 1,58 millones de euros (sin IGIC), situándose como la opción más económica de la licitación. El 25 de abril de 2025, la Comisión Técnica dictaminó que la proposición incurría en presunción de anormalidad por baja temeraria conforme al pliego de condiciones.
Tras requerir formalmente a la UTE el 7 de mayo de 2025 para que justificara su propuesta económica, los licitadores no aportaron la memoria explicativa dentro del plazo legal que expiraba el 14 de mayo. Ante este incumplimiento, la mesa de contratación acordó el 21 de mayo de 2025 la inadmisión definitiva de la oferta por falta de subsanación, adjudicando finalmente el contrato a la firma Asfaltos y Obras Tafuriaste.
La acumulación de evidencias sacadas a la luz sobre el cruce de sedes sociales y la falta de abstención formal en el expediente derivaron en la salida del máximo ejecutivo de la Autoridad Portuaria. La abrupta sustitución en la dirección busca frenar las repercusiones institucionales y garantizar la transparencia en la gestión de las infraestructuras estratégicas del puerto de Granadilla.
