La prensa digital de Las Palmas marca el paso al regulador en el mayor escándalo de combustible de las islas. En medio del apagón informativo en el puerto de Las Palmas de los soportes vegetales, ha tenido que ser el periodismo especializado —en este caso, la certera puntería de Canarymaritime— quien pusiera el cascabel al gato para que el Gobierno de Canarias saliera de su letargo y confirmara lo que ya era un secreto a voces en los muelles: la Comunidad Autónoma se persona como acusación contra Cepsa (Petrocan) y contra sus propios «vigilantes» de la Agencia Tributaria.
No es una personación de pecho henchido y orgullo institucional; es una personación de supervivencia. Tras la revelación de que la Fiscalía pide la «pena de muerte» societaria (la disolución) para Cepsa por un fraude de casi 8 millones de euros, a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, no le ha quedado más remedio que confirmar que estará en el juicio. No hacerlo habría sido aceptar que el «interés superior de Canarias» se detiene justo en la puerta de las grandes petroleras. Pero hay más: la Administración no pagará los abogados de los funcionarios que están imputados.
Lo más doloroso de la confirmación gubernamental no es el fraude de Cepsa —al fin y al cabo, de las multinacionales se espera beneficio, no ética—, sino el papel de la Agencia Tributaria Canaria. Que el Gobierno tenga que personarse en una causa donde tres de sus altos cargos van a juicio por «omisión del deber de perseguir delitos» es el reconocimiento implícito de un fallo sistémico. Según la trama que Canarymaritime y otros medios digitales han desmenuzado: Cepsa declaraba gasóleo como fuelóleo (pagando 0,56€ en vez de 222€). Los funcionarios de la ATC tardaron 28 meses en mirar los papeles, y solo lo hicieron cuando la Fiscalía ya estaba en la puerta con la linterna encendida.
¿Vigilantes o cómplices de pasillo?
La confirmación del Gobierno intenta vender una imagen de contundencia, pero el lector de inteligencia sabe leer entre líneas. Es un intento de desvincular la responsabilidad política de la responsabilidad administrativa. El mensaje es claro: «Nosotros también somos víctimas». Mientras Cepsa se asoma a un abismo que suma 28 años de cárcel, el Gobierno de Canarias navega en aguas turbulentas.
La noticia confirmada tras el rastro de Canarymaritime deja una pregunta incómoda flotando en el Puerto de Las Palmas: ¿Cuántos otros «milagros de conversión» de combustible se están produciendo ahora mismo mientras los radares oficiales siguen en modo ahorro de energía? La petición extrema de la Fiscalía que podría borrar a Cepsa (ahora Moeve) del mapa jurídico es de una gravedad total y donde la Fiscalía de Las Palmas espera medidas contundentes.
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
