El equilibrio de poder dentro de la Fundación Puertos de Las Palmas esconde una profunda asimetría financiera. Los últimos estados financieros de la institución portuaria a los que ha tenido Canarymaritime subrayan un modelo operativo que depende de forma crítica de sus arrendamientos de oficinas. El control del gasto y el destino de los fondos públicos en el recinto portuario canario han generado fricciones recurrentes entre las administraciones. La corporación insular mantiene una postura estrictamente fiscalizadora respecto a la gestión económica ejecutada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Esta fiscalización coincide con una realidad contable incontestable: el dinero público sostiene el edificio.
El Cabildo de Gran Canaria asume una posición dual que combina la mandato político con el liderazgo del gasto inmobiliario. La institución insular forma parte activa del consejo de dirección de la Fundación. De forma paralela, es el cliente que aporta el mayor flujo de caja por el uso de sus dependencias. El Cabildo instrumentaliza esta relación a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), una mercantil de capital íntegramente público. La SPEGC desembolsa 79.568,16 euros bajo el concepto estricto de arrendamiento de espacio y servicios en la sede portuaria. Y tiene un representante en el consejo de dirección de la Fundación Puertos de Las Palmas, Cosme García.
La aportación de la filial del Cabildo supera a la de cualquier operador logístico o multinacional de la esfera privada. El desglose de la rúbrica de otros ingresos de la actividad permite calibrar el peso de cada inquilino en la viabilidad del inmueble. El gigante de los servicios de externalización Konecta se sitúa como el segundo arrendatario por volumen de facturación con un pago de 76.865,40 euros. La multinacional naviera de origen francés Containership CMA CGM SAU ocupa el tercer lugar tras abonar 46.431,00 euros. La lista de ocupantes comerciales con contrato en vigor se cierra con la firma Artra Servicios S.L. (ahora Baleària), que transfirió 21.445,80 euros, y el establecimiento de restauración La Posada de Jamaica S.L., que computa un gasto de 19.030,95 euros.
¿Y Fedeport?
La suma de estas cinco rentas comerciales generó un flujo operativo directo de 243.341,31 euros para la tesorería de la organización. Este volumen de negocio contrasta con la inactividad de las vías de ingresos tradicionales de las entidades sin ánimo de lucro. La auditoría oficial de la Fundación Puertos de Las Palmas certifica una recaudación nula en concepto de cuotas de asociados o afiliados. El documento contable explicita de igual modo la inexistencia total de aportaciones directas por parte de los usuarios de su actividad propia. La supervivencia de la estructura física del ente depende de los alquileres de sus oficinas y de las aportaciones fijas de sus patronos.
La Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) opera en el núcleo de esta contradicción financiera. La patronal marítima emplea las dependencias del edificio de la Fundación Puertos de Las Palmas para su actividad diaria y su representatividad corporativa. Los registros económicos detallados de la propiedad no reflejan ninguna factura, canon o ingreso por alquiler vinculado a las siglas de la federación empresarial. El uso del espacio por parte de la patronal no genera contraprestación inmobiliaria directa computable en la partida de arrendamientos.
El peso político de la patronal en la toma de decisiones contradice su ausencia en el balance de inquilinos. Fedeport cuenta con una representación doble en el consejo de administración de la Fundación. El presidente de la federación, José Juan Socas, ocupa un sillón en el órgano ejecutivo. La gerente de la patronal, Elba Bueno, comparte idéntico estatus directivo en las reuniones del ente. Bueno formaliza su presencia en el consejo de administración bajo la representación legal de Astilleros Canarios (Astican), corporación integrada en el grupo naviero de capital griego Laskaridis.
La vinculación de Astican con la Fundación Puertos de Las Palmas se articula mediante el bloque de colaboradores empresariales permanentes. Este grupo de corporaciones privadas inyectó una suma conjunta de 170.000 euros en las cuentas de la institución durante el año auditado. Los fondos provienen de diez de las principales enseñas del tejido industrial del Puerto de la Luz. El capital lo aportan firmas como Hamilton y Cía (Transcoma), Clínica Perpetuo Socorro, Boluda Corporación Marítima, Oryx Iberia, Cementos Especiales de las Islas, Zamakona, el Centro Portuario de Empleo para empaquetar el lobby de los estibadores, la Fedeport y Petróleos de Canarias S.A., además de la citada Astican. El modelo de financiación perpetúa un sistema donde el Cabildo asume las cargas inmobiliarias más altas a través de la SPEGC mientras la patronal portuaria gestiona la entidad compartiendo sus despachos sin coste directo por el suelo.
