El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, bajo la convocatoria de su presidenta Beatriz Calzada para este 26 de marzo, se dispone a validar una serie de movimientos que definen el mapa de intereses privados en el recinto. En el centro del orden del día destaca la presión sobre los plazos de ejecución de grandes infraestructuras. La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) solicita una nueva prórroga para finalizar las obras de su centro polifuncional de innovación en el Área Funcional 9, un proyecto de 2.079 metros cuadrados construidos que busca dinamizar el ecosistema emprendedor portuario pero que continúa lidiando con el calendario administrativo.
La náutica de gran porte también reclama oxígeno temporal. La mercantil Rodritol, S.L. ha elevado una petición de prórroga para la Fase II de su centro de servicios para embarcaciones deportivas en el Muelle del Refugio. Con una ocupación de 17.092 metros cuadrados de superficie terrestre y lámina de agua asociada, el proyecto es crítico para consolidar a Las Palmas como nodo de reparación de yates de lujo, un sector de alto valor añadido que observa con cautela el cumplimiento de sus hitos constructivos. En una línea similar, Divarian Propiedad, S.A. busca ampliar el margen para las obras de la Fase II en el Área de Actividades Terciarias de «El Muelle», en Santa Catalina, un enclave vital para el ocio y la actividad comercial del puerto.
El dinamismo del dominio público también se refleja en las nuevas solicitudes de entrada. Sergio Ramos Pulido aspira al otorgamiento de una concesión de 1.158 metros cuadrados en el Área Funcional 4A para el almacenamiento y distribución de pertrechos y repuestos de buques, un eslabón esencial de la cadena logística del bunkering. Por su parte, la oferta de servicios y restauración suma la propuesta de Jovita Hortensia Vega Sarmiento para un bar-terraza de 100 metros cuadrados en el Área Funcional 10, reflejando el interés continuado por la explotación de espacios de servicios en la zona de servicio.
En el apartado de cumplimiento y sostenibilidad, el puerto prevé prorrogar el convenio con Gesport Terminal Marítima, S.L. relativo a buenas prácticas ambientales. Este acuerdo es fundamental para la empresa, ya que regula el acceso a bonificaciones en la tasa de actividad, vinculando directamente la eficiencia ecológica con la rentabilidad financiera. En contraste, la seguridad jurídica se pone a prueba con la solicitud de revisión de oficio para declarar la nulidad de un contrato laboral, un movimiento inusual que subraya el escrutinio sobre los Recursos Humanos del ente.
La sección de contratación abre nuevas oportunidades de negocio para proveedores especializados. La APLP iniciará expedientes para el suministro de canaletas de cableado destinadas a las conexiones eléctricas de las grúas portacontenedores —crucial para la electrificación del muelle— y para la implantación de software de control de accesos. Asimismo, se tramitarán prórrogas de servicios vigentes que garantizan la operativa diaria: la conservación de instalaciones en Gran Canaria, el control de fauna en el Puerto de Arrecife y el asesoramiento en mediación de seguros privados, blindando la continuidad de los proveedores actuales en áreas críticas de mantenimiento y gestión de riesgos.
