El análisis de la gobernanza en los muelles de Las Palmas ha derivado en un escenario donde las responsabilidades técnicas e institucionales aparecen seriamente difuminadas. La crisis de poder en la Fundación Puertos de Las Palmas expone una quiebra en la cadena de mando que sitúa al director de la Autoridad Portuaria, Francisco Trijillo Ramírez, en una posición de calculada retaguardia mediática, obligando a la presidenta del organismo, Beatriz Calzada, a asumir un desgaste político que, por competencias de gestión ordinaria y control de procesos, no le correspondería en primera instancia.
En la página 11 del Código Ético de Puertos de Las Palmas se señala que «evitaremos que se incurra de forma no justificada en una actuación que genere, o pueda generar beneficio directo o indirecto, así como trato de favor a terceros, ya sean entidades públicas o privadas, o a personas físicas concretas». Y unas líneas inferiores: «Rendiremos cuenta de nuestras acciones, conductas y resultados, asumiendo la responsabilidad que pudiera derivarse de nuestras decisiones y actuaciones«.
El escudo político de Beatriz Calzada ante el fallo técnico
Las pautas de comportamiento corporativo determinan de manera explícita que la responsabilidad y el nivel de exigencia ética son mayores cuanto más alta es la influencia en la toma de decisiones y en el manejo de los fondos públicos. Bajo este prisma, el perfil opaco que mantiene Francisco Ramírez durante el conflicto de la Fundación choca frontalmente con el papel que el organigrama le asigna. Los servicios de contratación, la validación de perfiles para el personal directivo y el control de la legalidad de los entes dependientes pasan de forma preceptiva por la mesa del director antes de su elevación a los órganos de gobierno, un filtro técnico cuya quiebra o inacción explica la posterior deriva institucional de la entidad.
La administración de esta opacidad ejecutiva introduce contradicciones severas con el Código de Ética de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En su apartado de responsabilidades adicionales de los directivos, el texto exige de manera taxativa que los altos cargos guarden un cuidado extremo en el cumplimiento normativo, la gestión de los procesos y, de forma muy específica, el modo adecuado de representar a Puertos de Las Palmas.
El hecho de que sea la presidencia del Puerto la que actúe como escudo político y dé explicaciones sobre las presuntas irregularidades de un ente satélite desvela un fallo en el escalafón técnico. La dirección general vulnera la directriz de profesionalidad y rendición de cuentas al delegar de facto la responsabilidad de la gestión de personal e idoneidad directiva que previamente pasó por su propia mano.
La contradicción con el buen gobierno
La resolución de este vacío de liderazgo técnico añade un factor de provisionalidad que incide en el núcleo del buen gobierno. El código ético define los conflictos y los privilegios como riesgos directos contra la integridad institucional, obligando a los empleados públicos a actuar con total independencia, objetividad e imparcialidad.
Al rehuir el foco en la depuración de las estructuras de la Fundación, la dirección permite que el debate bascule hacia la confrontación política, contraviniendo el deber de ejemplaridad y eficacia en la administración de los recursos vinculados a la entidad. La inercia en la asunción de errores en los procesos de contratación sitúa a la cúpula técnica ante una profunda contradicción entre el discurso de la excelencia portuaria y la realidad de una gestión que penaliza la confianza ciudadana.
