La propuesta del PP de instalar una central flotante en el Puerto de La Luz para blindar el suministro eléctrico de Gran Canaria no es solo un reto ambiental y logístico, sino un compromiso financiero de alta intensidad. Tras analizar las condiciones contractuales internacionales de la empresa turca Karpowership en otros mercados, que opera bajo modelos de coste fijo por disponibilidad y variable por generación, el despliegue de una infraestructura de este tipo supondría para el sistema eléctrico regional un gasto de alquiler y mantenimiento que ronda los 38 euros por cada minuto de conexión, una cifra que no incluye el suministro del combustible.
Una arquitectura de costes basada en la disponibilidad
El modelo de negocio de estas centrales flotantes —como la que ha operado en mercados como Guyana o Ecuador— se estructura mediante una tarifa de movilización inicial, que en los precedentes internacionales ha rondado el millón de dólares (unos 920.000 euros), un pago único que garantiza el posicionamiento del buque en el muelle designado. A este gasto inicial se suma un coste operativo constante, compuesto por una tarifa de fletamento fija y otra variable destinada a la operación y el mantenimiento, que se cobran independientemente de que la central vuelque energía a la red de forma intensiva o se encuentre en régimen de espera.
Trasladando los costes estándar del sector (aproximadamente 0,07 euros/kWh sumando fletamento y mantenimiento para buques de gran capacidad) a un escenario de producción continua, el coste fijo para el sistema ascendería a unos 55.000 euros diarios. Esta cifra, al ser desglosada para su control presupuestario, arroja una realidad contundente: el contador de gasto público se activa de forma imparable, registrando un desembolso de 2.285 euros cada hora, lo que equivale a esos 38 euros por minuto que el Gobierno regional deberán gestionar en sus presupuestos de contingencia.
La volatilidad del combustible: el factor que dispara el gasto
Es fundamental subrayar que los 38 euros por minuto representan exclusivamente el «peaje» por tener la infraestructura disponible y operativa. El coste real que pagarán los ciudadanos y las empresas en su factura eléctrica será considerablemente mayor, ya que el contrato de fletamento traslada al ente contratante la responsabilidad de suministrar el fueloil pesado o gas natural necesario para la combustión. Ante la alta volatilidad de los mercados de hidrocarburos, el precio final por kilovatio generado podría duplicar o triplicar la cifra de mantenimiento, dependiendo de la cotización del crudo en el momento de la operatividad del barco.
El Partido Popular, principal impulsor de esta solución ante el riesgo de apagón, se enfrenta ahora a la presión de justificar este flujo de dinero constante frente a otras alternativas energéticas. Mientras colectivos empresariales y sociales denuncian la falta de inversión en alternativas estructurales, los números revelan la crudeza de la «energía de emergencia»: una infraestructura que, por el simple hecho de estar atracada en el Puerto de La Luz, devora casi 40 euros de capital cada sesenta segundos, sin importar si la demanda energética de la isla está cubierta o si existen fuentes de generación más limpias y económicas esperando ser integradas en la red regional.
