El Puerto de La Luz y de Las Palmas ha definido finalmente la ubicación para el buque de generación eléctrica de la empresa turca Karpowership, un movimiento que busca mitigar el riesgo inminente de un colapso energético en Gran Canaria con el rechazo mayormente de los vecinos de La Isleta y de empresas portuarias que podrían verse obligadas a ordenar el teletrabajo. Los turistas no van a percibir problemas porque se va a colocar en una zona donde, a lo sumo, serán los pasajeros de Baleària y los empleados de las empresas del puerto. Lo llaman muelle pero ese espacio no está terminado. Es junto a un relleno de tierra de forma irregula de lo sería la futura superficie para la eólica offshore.
Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, ha revelado durante un foro informativo este lunes en Canarias7 que la elección de la Dársena de África como enclave designado para esta central flotante, un espacio reservado originalmente para el desarrollo de la eólica marina. Esta decisión no cierra la polémica, sino que desplaza el foco de la gestión portuaria hacia el terreno político, donde Coalición Canaria intenta ahora transferir el peso del desgaste institucional a sus socios del Partido Popular en el Ejecutivo regional.
La elección de la Dársena de África permite sortear los obstáculos técnicos que previamente bloqueaban el proyecto. El buque no ocupará líneas de atraque comerciales, evitando así el colapso operativo que denunciaban las asociaciones empresariales. La alternativa, según fuentes consultadas, consiste en un sistema de fondeo en aguas interiores que evita las restricciones impuestas por la Capitanía Marítima. Pese a esta solución técnica, la operativa permanece supeditada de manera estricta a la superación de un estudio de impacto ambiental, una evaluación cuya responsabilidad recae directamente en la Consejería de Transición Ecológica, dirigida por el Partido Popular dentro del Gobierno de coalición.
La estrategia del «muerto» político
Calzada ha sido taxativa al afirmar que no existen más alternativas espaciales dentro del recinto. La pelota queda en el tejado de la Consejería de Transición Ecológica, obligada ahora a tramitar un expediente políticamente inflamable. Si el estudio de impacto resulta favorable, el Gobierno canario asumirá el coste reputacional frente a las organizaciones ecologistas y vecinales que ya han comenzado sus protestas en redes. Si el informe resulta negativo, la parálisis del proyecto se achacará a la ineficacia del departamento popular en la gestión de las autorizaciones.
La metamorfosis de Calzada en este asunto resulta llamativa. Hace apenas unos meses, durante las celebraciones navideñas de la institución, rechazaba frontalmente la instalación de la central al priorizar la preservación de las líneas de atraque. La presión del Ejecutivo para evitar el «cero energético» en la isla ha forzado un cambio de rumbo donde el Partido Popular emerge como el árbitro final de una infraestructura que divide a la opinión pública y al sector empresarial.
Un futuro condicionado por la burocracia
La central flotante Karadeniz Powership Onur Sultan representa, según sus defensores, una red de seguridad ante la obsolescencia del sistema eléctrico grancanario. Sin embargo, su instalación en la Dársena de África constituye una apuesta arriesgada. Los socios de gobierno enfrentan el reto de conciliar la seguridad del suministro eléctrico con el cumplimiento de las normativas climáticas, bajo el acecho constante de una oposición social organizada que promete batalla jurídica.
