La Capitanía Marítima de Las Palmas ha paralizado la salida del buque de carga Marietje Deborah, de bandera neerlandesa, tras detectar que su capitán superaba los límites legales de alcoholemia justo antes de iniciar las maniobras de abandono del recinto portuario. La Administración Marítima de España ha activado de urgencia un expediente sancionador y exige al armador del barco el depósito de una garantía financiera de 50.000 euros como condición obligatoria antes de autorizar cualquier permiso de navegación.
El operativo de control se desencadenó a raíz de una alerta confidencial emitida por la propia Administración Marítima de los Países Bajos. Las autoridades neerlandesas remitieron una comunicación electrónica urgente avisando del posible estado de embriaguez de un miembro de la dotación a bordo. La advertencia internacional llevó al capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego, a decretar de forma inmediata la prohibición de salida de la embarcación, que ya se encontraba lista para el inicio de la navegación en los muelles de la capital grancanaria.
Inspección e inmovilización total en el muelle
Agentes del cuerpo de la Guardia Civil accedieron a la estructura del buque en colaboración con los inspectores marítimos para realizar test de control de alcoholemia a la totalidad de la tripulación. Los resultados de los análisis confirmaron que el capitán del buque vulneraba la tasa máxima permitida tanto por la legislación española como por los convenios internacionales vigentes, fijada con carácter estricto en los 0,25 miligramos por litro (mg/l). La confirmación del positivo motivó la orden de retención cautelar inmediata del carguero en el puerto a la espera de una auditoría técnica profunda. Inspectores de la Administración marítima estatal han iniciado una fiscalización extraordinaria bajo el marco del Memorándum de Entendimiento de París (MoU), un protocolo de control del Estado del puerto diseñado para verificar que los buques extranjeros cumplen con las normativas internacionales de seguridad, habitabilidad y estado estructural, ante el riesgo de que existan deficiencias concurrentes en la gestión de la seguridad a bordo.
La resolución de la Capitanía Marítima estipula que el buque permanecerá inmovilizado en las instalaciones portuarias de Las Palmas hasta que la empresa armadora formalice el pago de la fianza de 50.000 euros vinculada al proceso sancionador. Asimismo, la Dirección General de la Marina Mercante exigirá que la totalidad de los tripulantes del navío se sometan y superen un nuevo examen de alcoholemia con resultado negativo antes de expedir el despacho de aduanas definitivo para reanudar su ruta comercial en el Atlántico.
