El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) asistió a la presentación detallada del operativo desplegado por la Administración marítima española durante la crisis sanitaria del buque de pasaje MV Hondius. El capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Conde, relató ante las delegaciones de los 40 Estados miembros del Consejo y más de un centenar de observadores internacionales las medidas ejecutadas para contener el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero con bandera de Países Bajos. La ponencia, realizada de forma conjunta con la delegación neerlandesa, expuso las fases críticas de una intervención que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó en su momento como un modelo de referencia en la gestión de emergencias a bordo.
La Dirección General de la Marina Mercante articuló la respuesta operativa a través de una resolución oficial firmada por su directora general, Ana Núñez. El documento amparó la toma de decisiones bajo el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, estableciendo el puerto industrial de Granadilla, en Tenerife, como punto de destino para afrontar la emergencia. La elección de esta infraestructura obedeció a criterios estrictos de seguridad y logística: su condición de puerto industrial aislado de núcleos de población estables, la disponibilidad de espacios abiertos para el manejo de multitudes y una conectividad vial directa con el aeropuerto internacional de Tenerife Sur, situado a seis kilómetros de distancia.
El despliegue de seguridad marítima comenzó con el monitoreo permanente del buque desde la detección de los primeros síntomas sanitarios entre los ocupantes. Unidades de Salvamento Marítimo asumieron la escolta del crucero desde su ingreso en la Zona Marítima Especialmente Sensible (PSSA) de Canarias, activando de forma simultánea un perímetro de exclusión naviera de una milla náutica alrededor del MV Hondius. Previo al atraque, la Capitanía Marítima emitió la autorización de escala y decretó el cierre total de las instalaciones portuarias a cualquier otra operación comercial.
El desembarco definitivo requirió la transferencia controlada de los pasajeros desde la estructura del crucero hacia botes auxiliares para su posterior traslado al muelle de Granadilla. Todas las fases de la evacuación y las maniobras complementarias en tierra se ejecutaron bajo la supervisión directa de las autoridades sanitarias, encargadas de la dirección general de la emergencia biológica. El marco jurídico proporcionado por la resolución estatal aportó la estabilidad administrativa requerida para coordinar las competencias concurrentes en el muelle.
La delegación española insistió en que el resultado positivo del protocolo respondió directamente al trinomio de coordinación, cooperación y compromiso institucional entre la autoridad sanitaria, la autoridad marítima, la autoridad portuaria y protección civil. Al término de la sesión en Londres, la directora general Ana Núñez reivindicó el desempeño técnico de los capitanes marítimos en la protección de los litorales estatales, mientras que la presentación conjunta con los representantes de Países Bajos enfatizó los mecanismos de asistencia mutua internacional aplicados en aguas del archipiélago.
