El Puerto de La Luz tiene un problema físico: el suelo es finito. El ataque del Clúster Marítimo (donde están los operadores logísticos de capital foráneo vinculados al Régimen del 78) al PSOE y a Madrid tiene una lectura secundaria: la prisa por consolidar su dominio. Al exigir que Madrid acelere las normas, lo que el lobby busca es que se definan ya las concesiones de espacio. Quien controle los metros cuadrados de muelle donde se van a ensamblar los flotadores, controlará el peaje que tendrán que pagar todas las multinacionales (Iberdrola, Equinor, etc.) que quieran entrar en Canarias.
La contradicción del Clúster: ¿Competitividad o barrera de entrada?
El estudio de los 950 millones de euros anuales que mencionó este martes en una comparecencia oficial ante empleados de Navantia es una herramienta de presión muy potente. Al presentar cifras tan golosas, el Clúster justifica que el Estado les entregue 240 millones de dinero público para infraestructuras portuarias. La sospecha de muchos es que esas inversiones públicas terminen beneficiando exclusivamente a las tres o cuatro empresas que ya están posicionadas en el Puerto de Las Palmas, blindando sus posiciones frente a nuevos competidores o empresas tecnológicas más pequeñas que no pueden pagar los cánones que estos «operadores históricos» imponen.
El papel de Madrid y la vigilancia de Bruselas
Aquí es donde la supeditación a Bruselas cobra un nuevo sentido. La Comisión Europea es extremadamente vigilante con las ayudas de Estado y la libre competencia. Si Madrid diseña una subasta que, de facto, obliga a pasar por los servicios de tres operadores concretos en Las Palmas, Bruselas podría tumbarlo por ser un modelo anticompetitivo. El lobby eólico de CMC ataca al PSOE porque Madrid está intentando (con mucha lentitud) que las bases de la subasta no favorezcan descaradamente a los de siempre. Los operadores del Clúster, por su parte, ven esto como una «pérdida de oportunidad» y un «apagón de neuronas», cuando en realidad podría ser un intento de evitar que el puerto sea un coto cerrado.
La trampa de los empleos estables
Incluso la cifra de los 3.276 empleos puede verse con escepticismo. Si el modelo es un coto cerrado de operadores de puerto, esos empleos suelen ser de alta temporalidad o subcontratación extrema, mientras el grueso del beneficio (el margen del servicio logístico) se queda en las cajas de las empresas concesionarias del puerto. Es la realidad económica incómoda: la eólica marina en Las Palmas corre el riesgo de pasar de ser un motor de cambio para toda la economía a ser una ampliación del negocio patrimonial de quienes ya mandan en el puerto de Las Palmas desde hace décadas trayendo, un suponer, mano de obra de Malasia a 400 euros al mes.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
