El Ministerio Fiscal ha destapado una trama de fraude mercantil de la última década en el Puerto de la Luz. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Canarymaritime, el organismo público solicita una pena de tres años y cinco meses de prisión para dos empresarios acusados de diseñar una compleja red de sociedades instrumentales y perfiles falsos para desviar mercancías industriales procedentes de la península entre los años 2010 y 2015.
El ‘modus operandi’ del entramado, calificado provisionalmente por la acusación como un delito continuado de estafa, se basaba en la captación de ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad económica. A cambio de pagos en efectivo, estas personas eran conducidas a diversas notarías de la capital grancanaria para firmar la constitución de empresas de fachada. Los testaferros, ajenos al propósito delictivo de la red, asumían el cargo de administradores únicos de entidades diseñadas exclusivamente para generar créditos comerciales que jamás serían abonados. Las mercancías obtenidas eran desviadas y ocultadas en una nave de almacenamiento situada en la calle de los Avellanos.
El nudo logístico de la operativa portuaria se articuló a través de la sociedad Canamar Import Export S.L., constituida formalmente ante notario el 28 de febrero de 2012. Con un capital social declarado de 84.000 euros, la empresa fijó su domicilio fiscal ficticio en la Avenida de los Consignatarios, en pleno recinto del Puerto de la Luz. Para consolidar el engaño, la red situó formalmente al ciudadano B.C.B. como socio y administrador único. El objeto social de la mercantil, comercio al por mayor de productos químicos, menaje, papelería y bebidas, servía como la tapadera perfecta para ganarse la confianza de proveedores nacionales. Pocos días después, el 13 de marzo de 2012, la red activó una cuenta bancaria en el Banco Santander para dar soporte a las operaciones de compraventa.
El desglose de los impagos acumulados bajo las siglas de Canamar Import Export S.L. ilustra el impacto de la estafa sobre el tejido industrial. En abril de 2012, la firma obtuvo suministros de Embalajes Villaverde S.L. por valor de 3.545,66 euros que nunca pagó. En mayo del mismo año, Comercial Fama S.A. sufrió un descubierto de 2.150,40 euros. El fraude se intensificó en junio de 2012, afectando a la logística de Xtract Logistics S.L. con un saldo de 1.594,27 euros y a Comercial Distribuidora del Envase S.L. con 3.235,15 euros. La mayor minoración crediticia en esta sociedad la encajó la papelera Antalis Iberia S.A., con una partida impagada de 7.164,17 euros. La práctica totalidad de estos siniestros comerciales tuvo que ser resarcida por la aseguradora Crédito y Caución.
Canamar Import Export S.L. era solo una pieza de un engranaje que incluía otras marcas ficticias como Disathami S.L. —que dejó de abonar 23.282,40 euros a Stock Plus S.L. y 8.845,20 euros a Bodegas Estraunza S.A.—, Distribuciones Melián y Estévez S.L., Consumibles Maripino S.L. o Exportaciones Insulares Exporcansa S.L. Esta última llegó a acumular impagos a proveedores de alimentación y bodegas por decenas de miles de euros en la fase final de la trama en 2015.
A pesar de la gravedad de los hechos y del volumen del fraude, la Fiscalía ha propuesto una rebaja en la petición de penas de prisión y fija las multas en ocho meses a razón de diez euros diarios. Esto se debe a la inclusión en el escrito de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. El Ministerio Fiscal reconoce que la causa, iniciada mediante atestado policial en noviembre de 2016, sufrió una parálisis total en su fase de instrucción entre los autos dictados en julio de 2018 y agosto de 2024. En materia de responsabilidad civil, la acusación exige que ambos procesados indemnicen de manera conjunta a la aseguradora Crédito y Caución con 137.230 euros por las indemnizaciones asumidas durante el fraude.
