El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha optado por la prudencia institucional este jueves 26 de marzo. Tras 48 horas de «movimientos» de alto nivel y una exposición pública imprevista, la institución que preside Beatriz Calzada ha dejado sobre la mesa el desahucio administrativo de la Demarcación de Costas de Canarias. El conflicto, que amenaza con enfrentar a las carteras de Transportes y Transición Ecológica, se centra en los 677 metros cuadrados de la cuarta planta de la sede portuaria, un espacio que el Ministerio ocupa sin título acreditativo desde hace dos décadas y que el Puerto reclama para su propio plan de expansión y rehabilitación.
La retórica de Calzada subraya una falta de interlocución efectiva entre administraciones de distinto signo operativo. Hace un año, el Puerto notificó la necesidad de recuperar el espacio, recibiendo una promesa de traslado hacia dependencias del Estado que nunca se materializó. Ante la reciente negativa de Costas a abandonar las oficinas, la Autoridad Portuaria llegó a redactar una orden de desalojo forzoso con un plazo de apenas diez días. La decisión de otorgar ahora un tiempo muerto indefinido busca evitar una colisión jurídica frontal, permitiendo que el Ministerio encuentre una «fórmula de traslado» en un edificio que ya está siendo objeto de reformas estructurales.
Mientras la alta burocracia obtenía un respiro, el Puerto sí ha mostrado mano dura con la ocupación civil. El Consejo ha validado el desahucio forzoso de cuatro barcos vivienda en el Muelle Deportivo —Larkan, Solana Segundo, Cachirulo y Solitario—, en una operación que acumula 34 procedimientos y afecta a unos 70 propietarios. Esta limpieza administrativa coincide con una ofensiva judicial en el centro comercial Sotavento, donde una reciente sentencia reconoce una deuda de 250.000 euros por cánones impagados, aunque el desalojo definitivo de la infraestructura permanece bloqueado en los juzgados.
En el plano de las inversiones, la Autoridad Portuaria ha movilizado más de 4,5 millones de euros para blindar su operatividad técnica. Destaca la licitación de 2 millones de euros para la protección de cables de grúas en las terminales de contenedores, una medida crítica para la seguridad laboral en el corazón logístico de Gran Canaria. A esto se suman 1,5 millones para software de control de accesos en los puertos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, además de un millón destinado a un vehículo de rescate articulado. El Puerto refuerza su músculo inversor y prorroga sus convenios de buenas prácticas con Gesport, intentando proyectar una imagen de gestión eficiente que contrasta con el enredo inmobiliario en su propia sede.
