La imagen de la noticia es una vista desde Google Earth del buque que hay en Cuba para generar energía, y es que este tipo de servicios se colocan en Estados fallidos. La polémica implantación de la planta eléctrica flotante en Gran Canaria ha dejado de ser un debate burocrático para convertirse en una realidad inminente a pie de muelle. Delegaciones técnicas e ingenieros de la multinacional turca Karadeniz han estado pateando las instalaciones del Puerto de Las Palmas a lo largo de esta semana, analizando sobre el terreno las condiciones para encajar la gigantesca central térmica flotante.
Con el respaldo técnico de la propia Autoridad Portuaria de Las Palmas, que les ha dado total cobertura logística, los emisarios de la empresa extranjera han tomado mediciones críticas para acelerar el desembarco de este parche energético. Si el puerto de Las Palmas se opone a este remedio para evitar apagones lo tiene fácil: negar el atraque. En Las Palmas se niegan a la llegada del gas pero prefieren colocar un buque cerca de infraestructuras militares que es 9 veces mayor que la planta de generación de energía de Jinámar. El buque compartirá espacio portuario con el negocio de los cruceros.
La preocupación de las empresas es total porque puede generar un confinamiento de la mano de obra que se dedica a procesos administrativos. «Esto no es La Palma, aquí no podemos tirar de teletrabajo cinco años«. Y es que la presencia de estos técnicos sobre el asfalto confirma que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Zapata, natural de La Palma y del PP; avanza por la vía de los hechos consumados. El objetivo de la misión de los ingenieros ha sido evaluar cómo conectar el buque de la clase Shark elegido para abordar la emergencia —un navío de 162 metros de eslora similar al Yasin Bey— con la red eléctrica insular, buscando cubrir el déficit de 138 megavatios (138 MW) que la Administración utiliza para justificar la medida.
¿Dónde está ahora Salud Pública, que se opone al gas?
El trabajo de campo de los operarios de Karadeniz ha sido de máxima urgencia debido a los límites impuestos por las autoridades marítimas de la isla. Capitanía Marítima ha vetado la posibilidad de tener la central flotante en régimen de fondeo en alta mar por motivos de seguridad náutica. Por esta razón, los ingenieros han concentrado sus esfuerzos en la línea de atraque de tierra, situando su objetivo prioritario en el extremo sur del muelle Reina Sofía. El barco necesitará al menos 200 metros de línea de muelle libre para quedar amarrado de forma transversal y poder operar de manera continua.
Los técnicos han verificado el trazado de la línea subterránea en zanja a 66 kilovoltios (66 kV) que tendrá que excavarse a lo largo de 2,5 kilómetros de longitud para conectar el grupo de generación del buque con la subestación del Muelle Grande, propiedad de Red Eléctrica de España. Los planos internos confirman las características de lo que los operarios preparan: un buque con seis chimeneas industriales que quemará combustibles fósiles pesados (gasóleo y LSFO) a escasos metros de la ciudad, operado por una plantilla de 60 tripulantes que residirán dentro de la propia estructura flotante.
Complicidad institucional frente a las alternativas limpias
La colaboración brindada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a los técnicos extranjeros contrasta con la parálisis que sufren las alternativas limpias en el archipiélago. Mientras los ingenieros de Karadeniz preparan el terreno para un negocio basado en la quema de derivados del petróleo, el sistema eléctrico local continúa tirando a la basura más de un 20% de la energía renovable que generan los parques eólicos y solares debido a la falta de adaptación de las redes. Se facilita el acceso a la tecnología sucia antes que desbloquear los proyectos de almacenamiento de baterías independientes (stand-alone) de las empresas locales, que permanecen paralizados en los despachos esperando luz verde normativa.
Las mediciones tomadas por los ingenieros turcos demuestran que la presión política del Gobierno de Canarias intenta ir más rápido que las propias garantías de salud pública. Este proyecto requiere todavía superar el examen de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) debido a las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno (NOx) y los ruidos continuos generados por sus motores. La presencia de personal extranjero planificando la colocación de un monstruo de seis chimeneas en los muelles de la capital es la prueba de que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a consolidar un modelo industrial obsoleto, arruinando la transición ecológica a cambio de ocultar su falta de previsión.
