El Gobierno de Canarias ha decidido importar un modelo energético que recuerda a las peores crisis de planificación del régimen chavista: el alquiler de centrales eléctricas flotantes para tapar los parches de un sistema en ruinas. La Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata (PP), pretende imponer el atraque permanente de un megabarco turco contaminante en la dársena de Las Palmas de Gran Canaria. El Ejecutivo autonómico ha desatado una agresiva estrategia basada en el alarmismo, utilizando la amenaza constante de un apagón total como un arma de coacción política para doblegar la resistencia de los ciudadanos, empresarios y trabajadores del recinto portuario.
Esta campaña de terror energético busca que la población acepte, por puro pánico al colapso, la instalación de un monstruo de 300 metros de largo diseñado para quemar combustible sucio a escasos metros de las viviendas y comercios de la capital. Fuentes técnicas y económicas como el economista José Juan Sansó Fernández y el ingeniero industrial Rafael Hernández González —ambos vinculados a la iniciativa ciudadana ‘Sí al Salto de Chira’— denuncian en Canarias Ahora que se está utilizando de forma interesada el recuerdo de pasados incidentes en la red para sembrar el miedo. Según explican estas fuentes, la prioridad del consejero parece ser la protección de su rédito político de cara a las próximas elecciones, recurriendo a una solución improvisada que pone en grave riesgo la salud pública.
El escándalo de tirar la energía limpia a la basura
Los especialistas recuerdan que existen empresas privadas con proyectos listos y financiación asegurada que están paralizadas a la espera de que el Gobierno dé el visto bueno normativo. La Administración prefiere mantener asustada a la opinión pública antes que autorizar los sistemas limpios que harían totalmente innecesaria la llegada del buque.
Cinco años de humos bajo el chantaje del pánico
La condena que el Gobierno canario pretende imponer bajo el pretexto de esta falsa emergencia es demoledora: cinco años de ruidos, gases y humos tóxicos en pleno corazón de la actividad portuaria de la capital grancanaria. Para mayor incertidumbre, la Consejería es incapaz de aclarar si la quema de diésel y gas en el barco será continua o intermitente, dejando la calidad del aire de la ciudad a expensas de la improvisación diaria. Los portavoces ciudadanos advierten que recurrir al miedo para hipotecar el entorno ambiental de la isla durante el próximo lustro es una irresponsabilidad mayúscula que frena en seco los planes de descarbonización y devuelve a Canarias a un modelo industrial obsoleto propio de un estado fallido.
Las infraestructuras del siglo XXI se defienden con inversiones reales en almacenamiento, el impulso de la eólica marina en la costa sureste y el fortalecimiento de las redes, no asustando a la ciudadanía desde los despachos oficiales. Los expertos son tajantes al exigir el cese inmediato del discurso del miedo y la publicación de toda la información técnica oculta. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y su comunidad portuaria tienen argumentos económicos y sanitarios de sobra para plantar cara a este chantaje emocional y rechazar una imposición forzosa que arruina el futuro ecológico del archipiélago.
