Camuflados como izquierdistas radicales de corte nacionalista, la afirmación de que «no hay nada más franquista en Canarias que el esquema de los estibadores» no es un ataque ideológico, sino una descripción técnica de su arquitectura institucional que ha perdurado hasta 2026. Aunque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) intenta abrir el mercado, los estibadores siguen controlando un sector estratégico en Las Palmas y Tenerife donde, con la entrada del Estado marroquí en Boluda TM, ahora tendrán que saber navegar con sus nuevos socios patronales. Porque esa es otra: En Canarias los estibadores forman parte de la patronal del Régimen del 78.
La historia es más fácil. Mientras el resto del mundo avanzaba hacia una liberalización post-1945, la dictadura española interrumpió la evolución natural de la Segunda República para instaurar un modelo de «censo cerrado». El Reglamento de 1939 y la posterior creación del Servicio de Trabajo Portuario (STP) en 1942 no buscaban la eficiencia logística, sino el control político. Se trataba de aglutinar la oferta de mano de obra en una lista única gestionada por el Estado y el Sindicato Vertical, eliminando la competencia y asegurando que cada hombre en el muelle estuviera bajo el radar del régimen. Ahí, ya en Siglo XXI, no hay memoria histórica que valga.
El Estado como el gran «consignatario»
En 1968, mientras Europa vivía sus propias revoluciones, España consolidaba la Organización Laboral Portuaria (OTP). Esta institución fue el corazón del sistema hasta 1988. Funcionaba como un monopolio público de mano de obra: la OTP pagaba salarios, formaba a los trabajadores y, lo más importante, protegía el censo. Fue bajo este paraguas donde se fomentó la «inclusión privilegiada de familiares», creando una casta laboral que garantizaba la estabilidad social a cambio de una impermeabilidad total al mercado exterior. El puerto de Las Palmas, pulmón de la economía isleña, se convirtió en el laboratorio perfecto de este paternalismo autoritario.
La subcultura de La Isleta
Resistencia en el Sindicato Vertical Paradójicamente, el mismo diseño institucional que el franquismo creó para controlar a los trabajadores acabó dándoles las armas para resistir. La concentración de estibadores en barrios como La Isleta y la dureza del oficio forjaron una subcultura de solidaridad inquebrantable. La huelga ilegal de 1968 en Las Palmas fue el punto de inflexión. Alentada por el PCE y los sectores del transporte, demostró que la rigidez del sistema OTP podía volverse contra sus creadores. Los estibadores no solo pedían dinero; pedían transparencia ante la corrupción de unos directivos que gestionaban el censo como un cortijo privado.
De la Transición al intento de apertura
La llegada de la democracia y la posterior entrada en la CEE obligaron a una metamorfosis nominal: la OTP murió para dar paso a SESTIBA en 1986 y, más tarde, a las SAGEP. Sin embargo, el espíritu del censo se mantuvo. El conflicto de 1980 en Las Palmas simbolizó la resistencia de un colectivo que se negaba a que la liberalización diluyera sus derechos históricos. Para los estibadores, la «flexibilidad» que pedía el Gobierno de Felipe González no era modernización, sino precariedad.
Echarse a la bartola
En 2026, el modelo ha mutado de lo local a lo global. Los estibadores de Las Palmas o Tenerife ya no solo miran a Madrid, sino a la IDC (International Dockworkers Council). Lo que nació como una estructura de control franquista ha evolucionado hacia un sindicalismo corporativista internacional capaz de paralizar puertos desde Amberes hasta Algeciras. La paradoja final es que el esquema de «censo y control» que la dictadura diseñó para evitar el conflicto es hoy la herramienta que permite a los estibadores seguir en su dinámica de frenar la competitividad y echarse a la bartola con escasos movimientos por hora frente a puertos como Lomé o Tánger Med, con unos salarios un 1.000% superiores que sus colegas marroquíes.
