La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha activado este 2026 una ofensiva regulatoria para evitar que su estatus como la gasolinera del Atlántico se convierta en un pasivo ambiental inasumible. Ante el desvío masivo de buques provocado por los conflictos en el Mar Rojo y Ucrania, el organismo estatal que preside Beatriz Calzada ha licitado un contrato de inspección especializado por valor de 434.720 euros. El objetivo: fiscalizar los desechos de una flota que en 2025 alcanzó la cifra récord de 15.600 buques, un incremento sustancial frente a las 15.085 escalas del ejercicio anterior.
El puerto de La Luz, que ya mueve 33,6 millones de toneladas de mercancía (un 15 por ciento más que en 2024), se enfrenta al desafío de gestionar los residuos bajo el estricto Convenio MARPOL 73/78 en un contexto de saturación operativa. Con una media de 33 barcos entrando cada día en sus aguas, Puertos de Las Palmas reconoce que la vigilancia interna es insuficiente. La nueva estrategia busca externalizar a consultoras privadas el control minucioso de aceites, plásticos y residuos de carga, asegurando que el incremento del bunkering y las operaciones de combustible —espoleadas por el desvío del 70 por ciento del tráfico que antes cruzaba Suez hacia la ruta del Cabo de Buena Esperanza— no comprometa la sostenibilidad del recinto.
La sombra de la flota oscura y el blanqueo de hidrocarburos rusos también planean sobre esta decisión. Con petroleros utilizando banderas de conveniencia para esquivar los embargos de la UE, Las Palmas se ha convertido en un nodo crítico para el repostaje de naves que realizan rutas enrevesadas entre el Mediterráneo y Asia. La necesidad de una «entidad independiente» para verificar la seguridad mínima en las operaciones de carga y descarga responde al temor de que el puerto sea utilizado para maniobras de lavado fiscal de combustible ruso, procesado en refinerías de terceros países para perder su origen jurídico.
Las cifras de 2025 subrayan la urgencia de este control: por primera vez se superó el millón de contenedores movidos en un año y el tráfico de cruceros rompió la barrera de los dos millones de pasajeros. Este volumen de actividad genera una presión constante sobre las instalaciones de recepción de residuos, cuya gestión ineficiente podría provocar demoras indebidas en un mercado logístico donde el tiempo es el activo más caro. Con este contrato, Calzada busca lanzar un mensaje de firmeza a los armadores: el desvío estratégico hacia Canarias no implica una relajación de las normas ambientales europeas.
