Las empresas no van a recurrir pero lo va investigar Puertos del Estado. El asunto se produce justo cuando hay dudas jurídicas en las concesiones por parte de la CE y que este septiembre ha adelantado Puertos y Navieras. La pregunta en Puertos del Estado el pasado viernes al conocerse el informe que da luz verde a que Transcoma coloque su concesión en el Dique Reina Sofía a la filial insular del grupo Laskaridis fue la siguiente: «¿Quién firma eso?». «Eso» es un expediente tramposo que busca resolver con dos sumas mal hechas lo que la Ley de Puertos y la legislación europea de competencia prohíben explícitamente. El representante del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, Álvaro Rodríguez Dapena, votó a favor, según fuentes del consejo de Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En Madrid estaban algo preocupados por el precedente para otros puertos de la decisión de Las Palmas basadas en un «ladrillo» de 16 páginas de alta literatura administrativa, «a ver si en la Península no llega la onda expansiva», dijo un funcionario consultado por Canarymaritime el viernes pasasdo por la tarde. En el ámbito empresarial el malestar no era solamente de Hidramar o Zamakona. «Con esa teoría, la estación de Cepsa junto a la entrada de la Autoridad Portuaria debería cerrar por estar frente a Petrocan», dijo con sorna un empresario insular, que pidió no ser citado. Pero en términos generales, la respuesta era tomarse a cachondeo la decisión.
La ciudad se llama Albuquerque
Y es que la física clásica enseña que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La legislación europea de competencia sugiere algo parecido: una sola empresa no debería quedarse con todo el muelle para que el resto pueda comer. La Autoridad Portuaria de Las Palmas acaba de reinventar la ciencia y el derecho en un informe redactado con la precisión conceptual de quien intenta encajar un elefante en un Seat 600.
Un compa que le dicen Heisenberg
Todo empieza cuando una jugada para transferir 8.000 metros cuadrados de la concesión de Transcoma a favor de Laskaridis se cae del orden del día del Consejo de Administración de julio. Lejos de despejar las dudas sobre la aplastante acumulación de espacio en el Muelle Reina Sofía, la dirección del Puerto de Las Palmas, bajo el control ejecutivo de Francisco Trujillo, decidió redactar un documento destinado a pasar a la historia de la literatura fantástica financiera.
Violar el territorio
El tocho argumenta que la transmisión de la concesión 15-C-1003 (Transcoma) «no altera de forma sustancial la estructura competitiva», pero omite intencionadamente sumar la facturación y volumen de Transcoma a la cuota resultante de Laskaridis. Si la filial de Laskaridis ostenta el ~40% del mercado relevante en Reina Sofía y absorbe la instalación de Hamilton, la cuota agregada o el control territorial conjunto se incrementa notablemente, situándose al borde o por encima del umbral del 50% en determinados segmentos. Pero la teoría oficial esos parámetros los baja al alterar los factores que originan la suma, así de sencillo.
El gringo mandaba la fiera
El informe cita las sentencias del TSJC que involucran a Laskaridis para afirmar que «la mera dimensión empresarial de un operador no permite por sí sola apreciar una situación de dominio». La realidad jurisprudencial vulnerada: La CE establece que cuando la asignación del dominio público portuario (recurso escaso e irreproducible) limita físicamente la entrada de nuevos competidores, la concentración de concesiones contiguas en favor del operador incumbente genera un efecto de «cierre del mercado» (market foreclosure). La CE, en una decisión de 21 de diciembre de 1993 relativa a un procedimiento similar entre Sea Containers vs Stena Sealink, señala: «El propietario de una instalación esencial que utilice su poder en un mercado para proteger o reforzar su posición en otro mercado relacionado (…) así una desventaja competitiva, infringe el artículo 86«.
Reloj no marques…
Lo fascinante de esta pieza de orfebrería administrativa es su desprecio por las matemáticas elementales. El informe arranca presumidos 68 operadores capacitados para trabajar en el puerto. El lector desprevenido imagina una abarrotada feria de competencias. Minutos después, al aterrizar en las tablas reales del Muelle Reina Sofía, el desierto se hace evidente: la tarta de la reparación naval está repartida entre tres empresas. Convertir a un electricista autónomo que cambia bombillas en la dársena en un rival idóneo frente al gigante del astillero es el primer gran malabarismo conceptual.
Lágrimas Negras, o subsaharianas
Las sorpresas contables continúan. En el apartado dedicado al desglose económico, la facturación combinada de las concesiones de Laskaridis cotiza en 15,5 millones de euros. Dos páginas más abajo, sin que se haya registrado un solo contrato nuevo en el muelle, esa misma cifra salta milagrosamente hasta los 19,3 millones para asignarle un apañado 39,8% de cuota. Aparecen cuatro millones de euros del aire, probablemente impulsados por la propia brisa marina de La Isleta.
Si Tú Me Dices Ven
Para argumentar que no hay peligro de monopolio, la receta es: decir que el 75% del frente de atraque del Reina Sofía no está concesionado. Una maravilla sobre el papel. Cuestión distinta es cómo pretende un operador reparar una plataforma petrolífera o un buque de gran calado desde ese atraque «libre» si no dispone de un solo metro cuadrado en la parcela terrestre contigua para colocar una grúa, instalar un taller o apoyar una tuerca. Pretender que esa franja de agua sin acceso a tierra es una alternativa real equivale a vender parcelas en la Luna argumentando que el suelo es público y nadie cobra alquiler.
Contrabando y Traición
El remate de la faena consiste en ocultar al propio adquirente en la foto final. El informe evalúa el impacto de la transmisión sin molestarse en sumar los ingresos ni los metros cuadrados de la concesión que se absorbe. Se analiza la compra de Hamilton como si la parcela fuera a quedar flotando en un limbo neutral, en lugar de pasar a engordar el imperio territorial del vecino contiguo.
Sombras nada más
Toda esta pirotecnia conceptual busca sortear el artículo 92 de la Ley de Puertos, ideado para evitar que un único actor domine los recursos escasos. Mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea insiste en sus sentencias en que superar el 50% de cuota genera una presunción inmediata de posición dominante, y mientras la doctrina de infraestructuras esenciales prohíbe cerrar el paso a los competidores en puertos públicos, en Las Palmas se opta por la interpretación creativa.
Bésame mucho
El resultado es un informe que confunde registros de licencias con competencia real, altera cifras de facturación de una página a otra y olvida sumar los datos del beneficiario final. Una obra maestra del maquillaje regulatorio que deja la libre competencia hecha unos zorros, pero con la tranquilidad de haber cumplido la tradición local: todo queda en el muelle, perfectamente ordenado y, sobre todo, en las mismas manos.
