El incremento de las tarifas de amarre —avalado por la patronal de Las Palmas con presencia en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria mediante Fedeport (Boluda) y la Cámara de Comercio de Gran Canaria (Sepcan, el concesionario del servicio)— y las tensiones con el sector estibador han encendido las alarmas en el entorno del lago Leman. Pero lo que verdaderamente indigna a los vecinos de la Association des Artisans Boulangers de Ginebra es la escalada judicial en el Puerto de Las Palmas contra su filial OPCSA, una maniobra que no ha gustado en absoluto.
En la capital helvética lo que quieren saber es quién articula la campaña de desgaste que sufre una compañía cuyo máximo responsable en Gran Canaria, Jan Novak, cumplirá una década al frente en 2027: si obedece a una directriz de la presidenta del organismo portuario, Beatriz Calzada (CC), o a la gestión de su director, Francisco Trujillo. Diversas fuentes financieras consultadas por Canarymaritime apuntan resueltamente hacia la dirección de la entidad pública. «Es cosa de la dirección», dijo una fuente del sector financiero conocedora del negocio portuario de Las Palmas que pidió no ser mencionada.
Dos resoluciones contra Calzada en 24 horas
El varapalo encajado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la Audiencia Nacional ha tenido una repercusión inmediata en Suiza. El gigante marítimo helvético busca analizar en su sede central el impacto financiero y operativo del litigio por la tasa de ocupación, en un momento en que la justicia ratifica la plena vigencia de los fallos del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en favor de la terminal.A lo largo del mes de septiembre de 2026, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo asestó dos reveses seguidos a la estrategia del puerto con una diferencia de apenas 24 horas entre una y otra.
A través del Auto 495/2026, de 2 de septiembre, y del Auto 521/2026, de 10 de septiembre, el tribunal denegó la suspensión cautelar de las resoluciones del TEAC que anularon las liquidaciones de la tasa de ocupación dictadas por la Autoridad Portuaria y establecieron un nuevo criterio de depreciación de instalaciones para fijar la base imponible del tributo.
El escenario abordado en Ginebra contempla un frente de calado millonario. La segunda de las resoluciones de la Audiencia Nacional (Recurso 846/2026) atañe directamente a la concesión de la terminal y a una liquidación de 1,2 millones de euros. En ese auto, la Sala desestimó los alegatos de la Autoridad Portuaria —que argumentaba un hipotético riesgo de cobro en el futuro— y dio trámite a la solicitud de la Abogacía del Estado para verificar la vigencia de los avales aportados por la empresa. Para MSC, este respaldo judicial confirma que el criterio fijado por el TEAC es plenamente ejecutivo mientras se debate el fondo del asunto. Pero lo que ha enfadado es que Puertos de Las Palmas pida congelar el importe depositado por una cuestión de formas.
La citación a la cúpula de OPCSA refleja el peso estratégico que la naviera otorga al conflicto tributario en el puerto de La Luz. Tras consolidar las dos victorias cautelares sin imposición de costas en la Audiencia Nacional, la nave capitaneada por MSC busca blindar sus márgenes y unificar su posicionamiento legal frente a los intentos del organismo público por reabrir la vía ejecutiva de unas liquidaciones que la vía económico-administrativa declaró nulas. La cuestión de fondo que sobrevuela en Suiza es a qué responden exactamente este tipo de medidas contra OPCSA y si en Las Palmas son plenamente conscientes del ‘riesgo-país’ e institucional al que exponen a Canarias con este tipo de decisiones.
